Un fiscal turco pidió este martes 2.352 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğluEl principal adversario político del presidente. Recep Tayyip Erdogan. Sí, leíste correctamente. Nada menos que 2.352 años de prisión por los 142 delitos que le acusa la Justicia turca. El equivalente a unas cuantas cadenas perpetuas.

İmamoğlu se encuentra recluido desde el pasado mes de marzo en la prisión de Mármara, en las afueras de Estambul, donde vive bajo un severo régimen de aislamiento. Su arresto provocó un escándalo nacional en Türkiye. El país se vio sacudido por la mayor ola de protestas callejeras desde 2013. Protestas que, sin embargo, no lograron revertir la situación.

El concejal de Estambul está acusado de fraude, cohecho, cohecho, blanqueo de dinero y manipulación de licitaciones, según el pliego de cargos, que acumula más de 3.700 páginas. Sigue sepultado bajo una avalancha de crímenes que niega haber cometido. Tanto la oposición turca como organizaciones de derechos humanos denuncian una persecución judicial con evidentes motivaciones políticas contra el alcalde de la ciudad más grande del país.

El procedimiento más reciente le acusa de espionaje en el marco de la campaña que le llevó a la alcaldía de Estambul en 2019, tras repetir elecciones. Pero la acusación penal más grave le sitúa al frente de una organización criminal que integraba otras 402 personas (de las cuales 105 también están detenidas), según el fiscal general de Estambul. Akin Gurlek.

Es el propio Gürlek quien califica de «pulpo» la trama que hizo perder al Estado alrededor de 160.000 millones de liras turcas (unos 3.300 millones de euros) en los últimos diez años. El fiscal dice estar convencido de que İmamoğlu utilizó la organización para «tomar el control» del opositor Partido Popular Republicano (CHP, socialdemócrata) y «generar fondos para su candidatura presidencial».

Los tribunales turcos buscaron, en cualquier caso, impedir que İmamoğlu se presentara como candidato invalidando en marzo su título universitario, requisito indispensable para asumir la jefatura del Estado, según la ley electoral turca. El líder de su partido, Özgür ÖzelDenuncia «un caso flagrante de injerencia judicial en la política» que pretende «mantener a nuestro candidato en prisión».

«Este acto de acusación tendrá consecuencias más amplias, además del hecho evidente de que busca eliminar a İmamoğlu de la política», predice el analista. Arife Kose. «Probablemente se utilizará para abrir un caso que busca cerrar el principal partido de la oposición, el CHP. También es probable que se utilice para restringir aún más las actividades electorales –incluidas las financieras- de los partidos políticos».