La SEPI, el brazo empresarial del Estado, funciona más como una caja contable que como un instrumento industrial serio. Al menos, eso sugieren los detalles del rescate de Plus Ultra que han trascendido a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El caso vuelve a poner bajo sospecha una operación muy cuestionada desde el inicio y proyecta dudas sobre la aplicación de los criterios del Fondo de Apoyo a la Solvencia aprobado por el Gobierno. Los 53 millones de euros concedidos a una aerolínea con un solo avión y al borde de la insolvencia chocan con el espíritu de una ayuda concebida como temporal y excepcional para paliar los efectos de la pandemia. La operación se asemeja más al salvamento discrecional de una empresa con problemas estructurales previos.