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Una operación apoyada por la Interpol acaba con siete detenidos por presunta corrupción deportiva en Navarra

Una operación apoyada por la Interpol acaba con siete detenidos por presunta corrupción deportiva en Navarra
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  • Publishedjunio 9, 2026


Una amplia operación policial llevada a cabo en la Ribera navarra se saldó con Siete personas detenidas por su presunta implicación en una conspiración de delitos económicos que pueden estar vinculados a la corrupción deportiva. La investigación está liderada por la Comisaría General de Policía de Madrid y cuenta con la colaboración de Europol e Interpol.

Entre los detenidos se encuentra Ramón Lázaro, empresario y expresidente del Club Deportivo Tudelano y Ribera Navarra Futsal. Durante la jornada del lunes, los agentes llevaron a cabo tres registros, incluido uno en el domicilio del ex directivo deportivo en la localidad de Corella, además de una solicitud a un asesor financiero.

Según informó la Policía Nacional, el operativo permitió bloquear propiedades, vehículos y diferentes productos bancariosasí como intervenir sobre grandes sumas de dinero en efectivo. A los detenidos se les imputan inicialmente los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, malversación de fondos, defraudación de subvenciones, embargo de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra el erario público.

Los debates siguen sujetos a secreto de sumario mientras los investigadores continúan analizando la documentación y los efectos incautados durante los registros.

Esta operación se produjo meses después de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) de Navarra abriera una investigación sobre las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Tudela al CD Tudelano durante los años 2022 y 2023.

Según la agencia, había signos de posibles irregularidades en la concesión de esta ayudaya que el club tenía una deuda de casi 75.000 euros con el ayuntamiento, circunstancia que le habría impedido beneficiarse de subvenciones.

Un informe de intervención alertaba de esta situación con una objeción, aunque el Consejo de Gobierno Local decidió levantarla y aprobar las ayudas. Ante estos hechos, la OANA abrió una investigación para esclarecer si el otorgamiento de fondos públicos cumplió con la normativa vigente.

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