5 claves para entender la victoria del ultra Kast en las elecciones de Chile
José Antonio Kast gobernará Chile a partir del próximo 11 de marzo. Educado políticamente en la Unión Democrática Independiente (UDI), el partido pinochetista por excelencia cuando el país sudamericano recuperó en 1990 su institucionalidad, Kast decidió abandonarlo al considerar que había perdido su brío. Formó una fuerza de ultraderecha que se ha beneficiado de la ola global. Su victoria necesitaba de condiciones políticas internas y externas que supo explotar.
[–>[–>[–>Estas son cinco claves que explican su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo:
[–> [–>[–>[–>[–>[–>No fue fortuito el hecho de que Javier Milei y Santiago Abascal estuvieran entre los primeros entusiastas por el apabullante triunfo del candidato Republicano. Kast forma parte de esa familia que tiene en la CPAC y el Foro de Madrid de Vox dos de sus plataformas de acción mundial. Sus fotografías con Giorgia Meloni, Jair Bolsonaro y Viktor Orbán integran a su vez un preciado álbum familiar. La llegada al Palacio de La Moneda se ha visto favorecida por una ola que ha tomado otro impulso desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Si bien los ultras chilenos se pudieron haber beneficiado de este «clima de época«, Kast recupera nada menos que aspectos sustanciales de la derecha vernácula que siempre han sido elogiados por el espectro más conservador fronteras afueras. El sociólogo Manuel Antonio Garretón recuerda al respecto la «particularidad» de esa corriente ideológica que ahora expresa el próximo presidente. «Y es que ella nace y se constituye durante la dictadura militar para ser su apoyo civil durante su vigencia y la heredera de su legado, como lo afirmaban sus dirigentes». El general Augusto Pinochet fue derrotado en el plebiscito de octubre de 1988 celebrado para decidir su continuidad. El joven Sebastián Piñera votó ‘no’ pese a que su hermano era parte del Gobierno castrense. Kast, en cambio, era entonces el rubiecito universitario que engalanó la publicidad oficial del ‘sí’. Ahora, de su mano, tratará de retomar la senda interrumpida hace 37 años bajo nuevas condiciones políticas. Lo externo y lo interno coincidieron entonces para provocar un acontecimiento impensable apenas años atrás: el fin del ciclo iniciado en 1990 con la llamada transición democrática.
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Una palabra ha contaminado el lenguaje político y periodístico: «clivaje», que hace referencia a las divisiones o fracturas profundas tanto en una sociedad, entre grupos sociales o a nivel molecular. Kast ha sabido expresar, según diversos analistas, ese «nuevo clivaje». Si a partir de 1988 la disyuntiva que escindía a los chilenos era «democracia o dictadura«, esa línea se ha mostrado inoperante en estos comicios y esa fue una de las razones por las que Pinochet y el pinochetismo fueron asuntos laterales o ausentes. «La intensidad de la dictadura fue tal que logró subsumir los clivajes previos —Estado/Iglesia, capital/trabajo, campo/ciudad— que habían estructurado el sistema de partidos chileno hasta 1970. Los que votaron ‘no’ siguieron votando por los partidos de izquierda y centroizquierda durante las tres décadas posteriores; los que votaron ‘sí’ hicieron lo propio con la derecha», recordó Cristóbal Bellolio en el portal Ex Ante. Esa polarización fue reemplazada a partir de septiembre de 2022 por otra: «Apruebo/Rechazo» la Constitución progresista redactada al calor del estallido social de 2019. Ganó la segunda opción que Kast y otros apoyaron con vehemencia. Los ardores de la masiva protesta se habían sosegado. Si antes de la pandemia un 80% de los chilenos la habían considerado legítima, millones luego abjuraron de sus posiciones y anhelaron un orden que el republicano ofreció con la espada en la mano. Entre el ‘sí’ de 1988 y el ‘rechazo’ de 2022 hay un hilo común que terminó de definirse este domingo.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>El 2025 se perfila como el año más violento en la historia de Ecuador: más de 8.200 homicidios intencionales registrados hasta noviembre. La tasa anual llegaría a los 44,7 por cada 100.000 habitantes. En Chile, en cambio, durante el primer trimestre fue de 2,5/100.000. La sensación de inseguridad de los chilenos es equivalente o mayor a la de los ecuatorianos. Las redes sociales y los medios han amplificado los problemas existentes. Muchos ciudadanos ha abrazado las soluciones simples e inmediatas, especialmente la «mano dura» y la reintroducción de los militares en el espacio público que era repudiada durante el estallido de 2019. La cuestión de la seguridad está a su vez asociada a otro de los temas que a Kast le han posibilitado ganar adhesiones: la inmigración. El Servicio Nacional de Migraciones y del INE da cuenta de que viven en Chile 1,9 millones extranjeros. Unos 700.000 llegaron de Venezuela. Los otros de Perú, Bolivia, Colombia y Haití. «Su presencia ha modificado barrios, escuelas y mercados laborales, generando percepciones diversas entre la población local», señala el antropólogo Jaime Vieyra-Poseck. «Esa tensión ha sido interpretada por la ultraderecha como una prueba –no comprobada en los datos– de que la migración es responsable de la inseguridad». Antes de la segunda vuelta, la Fiscalía Regional de Arica imputó a integrantes de una célula del Tren de Aragua por el asesinato de un exmilitar venezolano, Rafael Villamizar Lovera, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Chuño de esa región del norte chileno. Varios episodios de esa naturaleza fueron atribuidos a esa banda trasnacional surgida en la cárcel del estado que lleva su nombre. Arica se convirtió en una metáfora de Chile para un Kast que no solo ha prometido deportaciones sino un muro en la frontera con Perú y Bolivia por donde vinieron miles de migrantes.
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Durante los años 90, cuando comenzó la transición democrática, Chile tuvo una envidiable tasa de crecimiento anual de 6,2% anual promedio. Ese aumento del PIB se desaceleró durante la primera década del presente siglo con promedios cercanos al 3,9%. Después de 2010 se creció a tasas del 2%. Si se excluye la brutal caída de 14 puntos debido a la pandemia, el PIB tuvo en los 35 años que se toman desde que Pinochet abandonó el poder un crecimiento promedio del 3,48%. Ese notable cambio no resolvió la matriz de la desigualdad social (el 10% más rico gana hasta 27 veces más que el 10% más pobre). Y a pesar de que Chile crecerá 2,5 puntos este año, la sensación de declive es tan profunda como la de la inseguridad. La base de la desazón colectiva no se puede comprender sin revisar el alto nivel de endeudamiento de los chilenos en un país donde circulan 16 millones de tarjetas de crédito. Un 45% de esos usuarios las utilizan para cubrir gastos mínimos. Se consume más de lo que se gana. El 49% de los endeudados lleva mucho tiempo sin poder pagarlas. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha informado que la deuda promedio de los ciudadanos es del 1.935.715, pesos, unos 1.800 euros. Un 25% de las personas debe créditos asociados al consumo y el 75% a créditos hipotecarios. Kast ha prometido a ese universo de desencantados una salida al atolladero.
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[–> [–>[–>[–>«No creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno», dijo el presidente Gabriel Boric a la hora de votar. Llegó al poder como representante de una nueva izquierda surgida de las movilizaciones estudiantiles. De ese estado de ebullición surgió el Frente Amplio. Boric y las fuerzas en general de la izquierda ganaron mayor protagonismo a partir de aquel octubre de 2019 que se creyó fundacional. Las protestas fueron de tal calado que el presidente Sebastián Piñera tuvo que aceptar la instalación de una Asamblea Constituyente. Como parte de esa ola, Boric llegó a la presidencia tras una reñida segunda vuelta frente a Kast. Esa costosa victoria fue un aviso: la energía de 2019 se estaba agotando. Boric asumió siendo ya en un punto impopular: con apenas un 40% de aprobación. La derrota del proyecto constituyente hirió a su Gobierno y obligó al joven presidente a moderarse. Para ello convocó a los dirigentes de la centroizquierda que tanto había vapuleado. A pesar de las dificultades, contuvo la pobreza, aumentó el salario mínimo un 40%, a 468 euros, instituyó las ocho horas de trabajo, mejoró el seguro nacional de salud y planificó la explotación del litio. Termina su mandato con un 32% de popularidad. Nunca pudo ser el garante de la continuidad de su proyecto. Jeannette Jara, su exministra, intentó diferenciarse de él como si fuera contagioso.
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