El gobierno ha anunciado Una ayuda de 100 euros por año Para niños menores de 16 años que necesitan vasos o lentes, independientemente de los ingresos familiares o el lugar de residencia. Es una medida destinada a combatir una realidad silenciosa pero alarmante: Más de 721,000 niños escolares Tienen problemas de visión no corregidos.

Estos datos representan más del 8% del número total de niños en el país. Para muchos de ellos Vea la parte borrosa o de dificultad de su rutina diaria. Y lo más preocupante es que, en la mayoría de los casos, esta situación no se detecta a tiempo. A diferencia de otros problemas de salud, La pérdida de visión no genera dolor y generalmente pasa desapercibidoEspecialmente en entornos con recursos limitados, donde las prioridades se centran en necesidades urgentes como alimentos o viviendas.

El costo promedio de las gafas en España es 197.35 euros. Una cifra inoportable para muchas familias, especialmente teniendo en cuenta que los niños necesitan revisiones periódicas y cambios frecuentes de graduación. Según los datos más recientes, El 37% de la población española no puede enfrentar gastos imprevistoslo que deja a miles de menores sin acceso a una corrección visual adecuada.

Las consecuencias de este problema son profundas. Las dificultades de comprensión, retrasos en el desarrollo del lenguaje, la exclusión social y el bajo rendimiento académico son algunas de ellas. Se estima que El 30% de los menores con problemas visuales irrazonables terminan en una situación de fracaso escolary en muchos casos son diagnosticados erróneamente con trastornos de atención o aprendizaje.

Esta situación no puede desconectarse del contexto socioeconómico. Estos más de 700,000 niños son, principalmente, de los 2.7 millones de menores que viven en riesgo de pobreza en España, lo que representa el 29.5% de la infancia y coloca al país La tasa de pobreza infantil más alta en toda la Unión Europea.

La nueva ayuda tiene como objetivo aliviar parte de esta carga, garantizando que Ningún niño o niña está excluido del aprendizaje y el desarrollo por no poder ver bien. Es un primer paso hacia una política que reconoce que la salud visual infantil no debe depender del nivel de ingresos familiares, sino considerarse una cuestión de capital y justicia social.