Tres miembros de la familia propietaria del Gran Circo de África fueron condenados a un total de 76 años de prisión. La Audiencia Provincial de Cáceres consideró probado que durante años presentaron una familia trabajadora en un régimen continuo de «violencia, humillación, explotación laboral y agresión sexual a menores«.

Los hechos ocurrieron, según los magistrados, entre 2020 y 2024. Fue entonces cuando las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con el acusado mientras el circo recorría España.

Los padres fueron los primeros en huir.

EL una mujer logró escapar y, unos días después, también su marido se escapóquien denunció los hechos ante la Guardia Civil cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. Fue entonces cuando comenzó la investigación. los menores fueron liberados y se inició el proceso judicial.

La causa, conocida inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Trujillo, fue luego trasladada a la Audiencia Provincial de Cáceres para su continuación.

La resolución confirma la Trato “degradante” a la que fue sometida la familia en varias ocasiones, “mediante golpes, amenazas, insultos y actos humillantes”en un contexto “absoluto” dominación«.

Episodios de intensidad “tortuosa”

Añade además que determinados episodios alcanzaron una intensidad «que puede describirse como verdugo«, expresión utilizada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida contra las víctimas.

EL niñostambién mencionados en la sentencia, estaban, al igual que sus padres, sujetos a «Agresiones físicas, amenazas y castigos.«, además de estar obligado a trabajar en diferentes tareas dentro del circo

El Tribunal también concluye que dos de los condenados Se les impusieron “actos de naturaleza sexual”. De hecho, algunos fueron grabado con celulares y estos videos, incorporados al expediente, fueron decisivos para corroborar los testimonios de las víctimas, según destacó el tribunal.

Agresiones sexuales a menores

Los tres acusados ​​son responsables de cuatro delitos contra la integridad moraluno para cada miembro de la familia. Además, en dueño y uno de sus hijos ellos agregan un crimen contra los derechos de los trabajadoress, valorando haber aprovechado el «extremo vulnerabilidad económica de la familia imponerles condiciones de trabajo abusivas.

A esto se suman varias condenas por agresión sexual a menoresuna tentativa y un delito de producción de pornografía infantil, dependiendo de la participación atribuida a cada imputado.

Los magistrados consideran acreditado explotación y abusopero entienden que durante el juicio no ha sido demostrado«con la certeza requerida» en el procedimiento penal, de que las víctimas vieron completamente cancelada su libertad de circulación ni de que existió una finalidad de explotación sexual en el reclutamiento de menores o una finalidad de difusión o beneficio económico de las grabaciones. Por este motivo, la Sala absuelve a los acusados ​​de delitos relacionados con la trata de personas para los fines de explotación laboral y sexual que la fiscalía había apoyado inicialmente.

Hubo un cuarta persona procesadapero fue pagado tras valorar las dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuyen carecían de relevancia criminal.

Compensación solidaria de 180.000 euros

En materia de responsabilidad civil, las personas condenadas deben compensar solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes forenses incorporados al procedimiento reflejan que Los dos menores requieren tratamiento psicológico. por las consecuencias derivadas de los hechos, mientras la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan tu vida diaria.

Además de las penas de prisión, el Tribunal impone diferentes órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, períodos de prueba e inhabilitación Realizar actividades profesionales, educativas o de ocio que impliquen un contacto habitual con menores.

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