Prensa Ibérica toma el pulso a las 17 federaciones del PSOE ante el congreso de Sevilla
Atravesado de manera inevitable por las consecuencias de la tragedia provocada por la DANA en la provincia de Valencia, el PSOE mantiene por ahora su cita a finales de mes en Sevilla para un congreso de reafirmación y cierre de filas en torno a Pedro Sánchez. Aunque el 41º cónclave socialista, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, se prevé plácido en lo que se refiere el cuestionamiento de liderazgo del secretario general, el partido vive en una tensión latente desde que en verano se anunciase el acuerdo para una financiación singular para Catalunya que el PSC selló con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. De ahí que en el horizonte empieza a oírse ruido de sables de cara al proceso de renovación de liderazgos territoriales que se pondrá en marcha justo después del congreso federal.
Para tomar la temperatura a un partido siempre en ebullición, los diarios de Prensa Ibérica analizarán durante los próximos días los entresijos de las 17 federaciones del PSOE, el peso orgánico de cada una y el papel que pueden jugar en el congreso de Sevilla, así como el estado de las relaciones con la dirección federal y la posibilidad de un relevo en el liderazgo territorial. Del 12 al 28 de noviembre, víspera del comienzo del cónclave, todas las cabeceras del grupo publicarán una radiografía diaria con el análisis y las claves para entender mejor qué se juega cada territorio en la cita congresual. Un trabajo conjunto de 13 rotativos elaborado por los periodistas que siguen habitualmente la información de las distintas federaciones socialistas. Este martes iniciamos con serie con la federación de Castilla-La Mancha, que dirige uno de los barones más críticos con Sánchez, Emiliano García-Page.
Financiación y federalismo
Sánchez decidió adelantar el congreso del PSOE para tratar de atajar la contestación interna desatada tras el pacto de financiación con ERC. Un malestar que se ha extendido más allá de los dirigentes más críticos con el secretario general, como Page o el aragonés Javier Lambán, y alcanza a federaciones afines a Sánchez. Intentando hacer equilibrios, la ponencia marco del congreso defiende un nuevo sistema de financiación «que refuerce la equidad, la eficiencia y la solidaridad, al tiempo que garantice la corresponsabilidad de las comunidades y evite la competición desleal entre ellas», sobre la base de «garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas». Sin referencia expresa al principio de ordinalidad que reivindican las autonomías más perjudicadas, el texto denuncia el «populismo fiscal y el dumping» de comunidades como la de Madrid, y vincula la solidaridad interterritorial al «igual esfuerzo tributario» entre las comunidades autónomas.
Esta calculada ambigüedad en materia de financiación para no herir sensibilidades internas ni cerrar la puerta al concierto económico catalán se repite a la hora de abordar la nueva hoja de ruta federal. En realidad, hay pocos cambios en la brújula del PSOE. La ponencia defiende «avanzar en una federalización justa y solidaria» de España, aunque sobre la base del ‘café para todos’, sin asimetrías y sin alusiones directas a las nacionalidades en su modelo federal, ni a la «realidad plurinacional» que pactaron PSOE y el PSC en la Declaración de Barcelona.
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Vivienda e impuestos
A buen seguro, la gestión de la tragedia valenciana y las medidas para aliviar la crisis económica y política derivada de la DANA protagonizarán gran parte de los debates congresuales. Pero el partido también quiere aprovechar la cita para actualizar su doctrina social y económica de cara a la segunda parte de la legislatura, en la que la vivienda y la política laboral se perfilan como los grandes asuntos. En este sentido, la ponencia subraya la necesidad de avanzar «por la izquierda» con medida como obligar a las grandes empresas a repartir beneficios entre sus empleados, prohibir que las viviendas residenciales se conviertan en turísticas o de temporada “en aquellas zonas de alta demanda”, un impuesto especial a los propietarios de tres o más inmuebles para frenar la especulación e incentivos a quienes rehabiliten o saquen al mercado del alquiler viviendas vacías.
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