Trump aún no ha empezado a gobernar, pero ya ha dicho que en los primeros cien días después de su toma de posesión lanzará una gran reducción de impuestos para beneficiar a las empresas, los autónomos y las clases más desfavorecidas. Todo lo contrario que en España, donde lo que anuncia el equipo económico, tras la El pacto firmado entre el PSOE, Sumar y otros aliados, supone más presión fiscal. Parecía imposible que el Gobierno volviera a subir nuestros impuestos, pero resulta que estábamos equivocados. Desde que llegó al Ejecutivo, Sánchez ha aprobado 81 subidas de impuestos y cotizaciones, con un impacto acumulado de 42.000 millones, sin tener en cuenta el «incremento oculto» que ha supuesto la tributación de 27.000 millones por inflación. Pero como la voracidad parece infinita, ahora tenemos el mantenimiento definitivo del impuesto a bancos y empresas energéticas, el incremento de 7,5 euros más de media al llenar el depósito de los vehículos diésel, o Incremento del 30% del tipo máximo para devoluciones superiores a 300.000 euros. Esto último afecta especialmente a los altos cargos de las grandes empresas, que tienen dificultades para atraer y retener talento en España.

Si a esto le sumamos la maraña regulatoria con la que se persigue a las grandes empresas, es perfectamente comprensible que la opción de «salir de España» emprendida por Ferrovial también esté siendo barajada por las empresas cotizadas del mercado inmobiliario. (somicis) como Merlin y Colonial, que pretenden trasladar sus sedes al exterior si se eliminan sus prestaciones lo que tenían por estar aquí.