Las aseguradoras de MUFACE niegan que estén dejando de atender a sus pacientes como denuncian los sindicatos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este lunes, que ya hay pacientes de MUFACE a los que las aseguradoras están denegando la atención sanitaria. Un extremo que desmienten a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde las compañías. «No es cierto. Estamos atendiendo a los mutualistas con normalidad», indica a este diario DKV. Por su parte, ASISA niega que las aseguradoras adscritas a los conciertos de las mutualidades puedan «realizar selección de riesgos entre la población mutualista», como señala el informe del Ministerio de Sanidad publicado este lunes que denuncia «la existencia más que evidente» de esta práctica, en alusión a los pacientes que económicamente no resultan rentables.
El sindicato CSIF, que la pasada semana salió a las calles en defensa del modelo de MUFACE, señala que está «recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto». Puntuales por el momento, indican a este diario.
El pasado 8 de octubre el Consejo de Ministros autorizó a MUFACE a celebrar los conciertos para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios que opten a recibirla a través de entidades de seguro. Se realizó una oferta de más de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones de euros para 2026; un incremento de algo más del 17% respecto al concierto anterior.
Hasta el 31 de enero
Ninguna de las tres aseguradoras -DKV, ASISA y Adeslas- decidió optar a ese concierto, que quedó desierto desde el 5 de noviembre, cuando comunicaron su decisión. A día de hoy, siguen esperando los detalles de la nueva licitación y una oferta más atractiva por parte del Gobierno para ver si continúan en un modelo cuya supervivencia es cada vez más dudosa. En cualquier caso, DKV insiste: el concierto recoge la obligación de atender a los pacientes hasta el 31 de enero.
Sobre la asistencia de los funcionarios, MUFACE lanzó hace poco un mensaje de calma: está garantizada. Función Pública remarcaba días después. Más allá de ese 31 de enero en el que vence el contrato, hay mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público «que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro». Lo que se traduciría en otros nueve meses.
El informe de Sanidad
Este mismo lunes, el Ministerio de Sanidad daba a conocer su informe sobre el impacto que tendría la desaparición de MUFACE en la sanidad pública, por el trasvase de 1,5 millones de personas. En las actuales condiciones, el modelo «no es sostenible», concluye. Una afirmación sobre la que, el Ministerio de Función Pública, de quien depende el organismo, no entra en valoraciones.
En declaraciones a los medios tras darse a conocer el documento, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se preguntaba por qué las aseguradoras han decidido no acudir al nuevo concierto pese a la subida de la prima propuesta por el Gobierno. «Básicamente, los motivos son muy claros, y es que hay un aumento de la edad de la población y sabemos que hasta el 70% de los nuevos funcionarios eligen directamente irse a la sanidad pública«.
Los escenarios
El informe de Sanidad habla de distintas cuestiones y, también, de los posibles escenarios. Uno, «evidente y continuista», que supondría incrementar incluso por encima de la oferta previa, la propuesta de concierto para las aseguradoras privadas. Una opción que, según el Ministerio, podría ser «insuficiente» (las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación); «insostenible» (porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE); e «inequitativa» por suponer incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa».
Padilla plantea que «incrementar el precio del contrato hasta niveles insospechados para convertirlo en rentable«, es insostenible. Un sistema público indica, debe estar preparado para asumir a sus empleados públicos y la idea de su Ministerio es trabajar en «una incorporación planificada, de forma ordenada» poniendo en el foco a los pacientes más vulnerables, con enfermedades más graves.
Pero, además, en ese documento, el departamento que encabeza Mónica García, denuncia «la existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos por parte de las aseguradoras». Lo que viene a decir que derivan al sistema público a aquellos pacientes que les salen económicamente no rentables.
ASISA desmiente a Sanidad
Una aseveración que, en este caso, niega otra de las aseguradoras del concierto, ASISA. «Las aseguradoras adscritas a los conciertos de las mutualidades administrativas no pueden realizar selección de riesgos entre la población mutualista. Entre otros motivos por los que no son las aseguradoras quienes eligen a los mutualistas que aseguran, sino los mutualistas quienes eligen libremente a su prestador de servicios sanitarios, ya sea una aseguradora o el sistema público», señala esta compañía.
«Los conciertos no prevén ningún mecanismo para que las aseguradoras puedan seleccionar a sus asegurados o promover la derivación de un asegurado a otra aseguradora o al sistema público. Son los asegurados quienes pueden elegir libremente el tipo de asistencia que prefieren en cada momento y en función de sus preferencias, necesidades y/o patologías», añaden.
ASISA continúa: las condiciones para la atención de los asegurados las establece la Administración a través de los conciertos sin que las aseguradoras puedan modificarlas en ningún caso. «En caso de discrepancias entre la aseguradora y los mutualistas, los conciertos establecen los mecanismos para la resolución de las mismas por parte de las mutualidades, que en todo momento controlan la actuación de las aseguradoras para que se adecúe a las condiciones establecidas», apunta esta compañía.
Concierto sanitario
El documento de Sanidad sobre el impacto de la atención de los mutualistas en la sanidad pública ha generado más preocupación entre sindicatos como CSIF que, tras conocerlo, se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad «para pedir explicaciones». En el informe, el Ministerio que dirige Mónica García propone incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas, trasladando la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras que participan en el concierto sanitario.
Ministro Óscar López. / EP
CSIF se «opone frontalmente» a esta posibilidad. «No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión». La organización sindical exige a Función Pública que «rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de MUFACE, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años».
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Mientras tanto, el sindicato, que asegura que está recibiendo «cientos de llamadas de personas preguntando por esta cuestión», está valorando el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo «en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública«. «El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria«, concluyen.
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