Sin conocer los datos de 2024, en 2023 se cometieron 15.289 delitos penales relacionados con la usurpación o robo de inmuebles, según el Ministerio del Interior. En 2022 hubo 16.726 denuncias. Es decir, han pasado de casi 46 al día, en 2022, a 42, en 2023.

Aunque el número ha disminuido, la ocupación ilegal de viviendas sigue siendo un grave problema tanto para quienes poseen una vivienda como para quienes poseen una segunda residencia.

En cualquier caso, ante una ocupación ilegal, los propietarios suelen llamar a la Policía. Éste puede actuar y desalojar a los okupas cuando detecten que el delito está en curso o es muy reciente. Puedes echarlos sin orden judicial siempre que haya testigos y pruebas claras.

Esto es lo que se conoce como delito flagrante. Luego, la Policía podrá actuar si la denuncia del propietario, o de un tercero, se presenta dentro de las primeras 48 horas desde que se produjo la okupación.

Si la vivienda okupada es la habitual, hablamos de allanamiento de morada. Aquí la Policía puede actuar sin necesidad de orden judicial. Y si hay violencia o intimidación contra los propietarios, se puede considerar una emergencia en la que se deben actuar sin necesidad de trámites legales. Si no se cumplen estos criterios deberá presentar una denuncia y esperar una orden judicial para proceder al desalojo.

¿Por qué se ha producido el cambio?

Fue el pasado 14 de noviembre cuando el Pleno del Congreso de los Diputados, gracias a una modificación del Partido Nacionalista Vasco (PNV)introdujo un cambio legal en la Ley de Procedimiento Penal (LECrim). Modificación que agilizará los desalojos en los casos de ocupación por allanamiento de morada.

Lo curioso de la situación es que salió adelante con el apoyo de la Partido Popular (PP), Junts, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Bildu, Unión Popular Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).

votaron en contra Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). voz se abstuvo.

La situación es curiosa porque ERC y Bildu votaron a favor. Ambos partidos han reconocido su “error” al votar afirmativamente, e incluso han pedido disculpas por ello.

¿Qué cambio facilita los desalojos?

Se introduce la enmienda del PNV en el proyecto Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Fue aprobado en el Pleno del Congreso con el apoyo del Gobierno y sus aliados. PP y Vox votaron en contra.

La citada modificación lo que hace es modificar el artículo 795.1 de la LECrim de manera que tanto los delitos de usurpación de domicilio (artículo 245 del Código Penal) como de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) se tramitarán por el procedimiento abreviado de procesos judiciales.

Es decir, lo que habitualmente se conoce como juicios rápidos. De esta forma, la consecuencia es que se agilizará tanto su resolución como los desalojos que puedan ordenarse en este tipo de juicios.

La modificación, de esta manera, ya fue introducida en la Ley de Eficiencia de la Justicia que ha sido enviada al Senado. En la Cámara Alta, el PP tiene mayoría absoluta por lo que no se espera que sea revocado. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo medio para un desahucio es de 20,5 meses