Los comercializadores de energía independientes temen que la nueva regulación que está por llegar tenga algunos puntos que puedan hacer incrementar la cuota de grandes empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsolque capturan la mayor parte del mercado.

El proyecto de Real Decreto elaborado por el Gobierno para actualizar la normativa en materia de suministro, contratación y comercialización incluye novedades como la prohibición de contratar por teléfono, la figura del agregador independiente, requisitos de solvencia o garantías de hasta 300.000 euros.

El punto más criticado por los gremios del sector es la prohibición de realizar convocatorias para ofrecer servicios energéticos. «Lo que se está haciendo es restringir una posibilidad de que «Es tan legal como cualquier otro»explica Víctor Hernández, presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes (Acie).

«Utilizamos el canal telefónico por una razón pura y simplemente económica. Iberdrola o Endesa pueden tener millones de euros destinados a publicidad, mientras ciertos comercializadores independientes no pueden alcanzarlo porque centran sus esfuerzos en la generación de un precio mucho más competitivo y que resulta más beneficioso para el competidor. ¿Cómo lo promocionas? Bueno, por teléfono», añade.

En esta línea, pide «no demonizar» esta actividad y en lugar de prohibir las llamadas por ley, regular efectivamente los call center.

«Hemos propuesto la creación de un código de buenas prácticas para que todos podamos dar un servicio de calidad y restringir la entrada a determinadas Empresas de telecomunicaciones que realmente no quieren hacer las cosas bien.«dice Hernández.

En cualquier caso, la asociación cree que si la prohibición se materializa podría provocar que las grandes empresas energéticas acumule aún más cuota de mercado.

«Ya existe una concentración del mercado bastante grande. Las cinco primeras empresas de marketing en España tienen un nivel de cartera de clientes muy diferente y cuesta pensar que se pueda competir con ellas. Esto consolidará la cuota de los titulares, lo cual creemos que es totalmente contrario a lo que quiere el Ministerio de Transición Ecológica», afirma.

Requisitos de solvencia y garantías de hasta 300.000 euros.

Otra de las novedades incluidas en el proyecto Transición Ecológica tiene que ver con los requisitos económicos para poner a prueba la solvencia de las comercializadoras.

Las empresas deberán disponer de capital social «suficiente» para garantizar el inicio de la actividad en condiciones de solvencia económica. La CNMC, de hecho, sugiere que esa cifra sea de 100.000 euros, como ocurre en otros países europeos como Portugal.

Por otro lado, la ley obligará a los comercializadores a depositar garantías de hasta un máximo de 300.000 euros. Las empresas cobran peajes (que se utilizan para financiar la distribución y el transporte) y cargos (costes de antiguas primas de energías renovables, deuda eléctrica pendiente o subsidios a las islas) en las facturas de sus clientes.

En caso de impago, es el sistema eléctrico el que se hace cargo de ellos y los comercializadores acaban incapacitados o en quiebra. Con estas garantías la situación cambia, aunque sólo pueden ser ejecutadas por los gestores de la red «como pago de peajes de acceso a líneas y cánones de distribución y transporte».

Desde Acie creen que debería haber una cámara de compensación central en la que pueden depositar estas garantías.

«No tiene sentido con la cantidad de repartidores en España que depositamos en cada uno de ellos y luego es un verdadero engorro devolverlos cuando finaliza el contrato de suministro», afirma Hernández.

El presidente de la asociación cree que es «un error de concepto» porque el Ministerio entiende que quienes no pagan los peajes son los comercializadores y no el consumidor.

«Nuestros especialistas en marketing son pagadores de peaje históricos y de hecho financiamos esta parte para el consumidor. Incluso antes de haber recibido el pago de la factura íntegra del consumidor, asumiendo ese riesgo de impago, ya estamos pagando ese peaje a la empresa distribuidora», afirman desde Acie.

La figura del agregador

La ley elaborada por Transición Ecológica añade también una novedad que no está exenta de debate, como es la figura del “agregador independiente”.

Es un intermediario entre los pequeños productores y los sistemas de almacenamiento que suministran electricidad a la red o excedentes de autoconsumo, similar a las empresas comercializadoras tradicionales.

Aunque las pequeñas empresas del sector consideran positivo que exista este modelo de compensación, también creen que hay conceptos que el ministerio deja atrás, como el de concentración financiera.

«Imaginemos que ofrecemos un precio fijo a un consumidor y, por acción del agregador independiente, este usuario consume menos en una hora ‘x’. ¿Lo que sucede? Ya hemos hecho una previsión de compra en el mercado para ese momento y si el consumidor no lo consume se liquidan una serie de desvíos. “Entonces necesitamos una compensación”, explica el presidente de Acie.

«Lo que pedimos no es ganar dinero con esta figura agregadora, sino quedar netos, no sufrir ningún tipo de daño. Que haya 100% de compensación, 100% de corrección de desviación y que dicha compensación engloba la parte de la energía comprada y no suministrada así como toda la estrategia de cobertura que subyace a la oferta de precio a ese cliente», concluye.