Los trabajadores que por salud se ven imposibilitados para desarrollar su labor profesional tienen una red de seguridad que les asegura ingresos económicos durante el tiempo que necesiten para recuperarse. Primero será una baja por incapacidad laboral la que cubra el periodo de convalecencia por un máximo de 1 año, pudiéndose ampliar en caso de necesidad medio año más y hasta otro medio año si un Tribunal Médico no se pronuncia antes. Luego, se evaluaría la pertinencia de su transformación en una incapacidad permanente, de persistir las causas que dieron acceso a ese derecho.