Las investigaciones a Begoña Gómez, Ábalos y al fiscal general salpican ya a los asesores (segundo escalón) de Pedro Sánchez en el Gobierno
Los cargos y excargos del Gobierno Juan Manuel Serrano, Cristina Álvarez, Francesc Vallés, Pilar Sánchez Acera y Ion Antolín tienen al menos dos cosas en común. Además de haber sido sido o ser todavía ahora asesores en Moncloa, sus nombres han aparecido de forma directa o indirecta en los presuntos casos de corrupción que investigan los magistrados del Tribunal Supremo Leopoldo Puente (caso Ábalos-Aldama) y Ángel Hurtado (caso fiscal general); pero también el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez).
Ninguno de ellos a día de hoy está investigado, aunque en el caso de Pilar Sánchez Acera no ha sido citada «por ahora», según especificó el magistrado Hurtado, quien en un primer momento ha renunciado a imputar a la entonces directora del gabinete del hoy ministro Óscar López, que era director de Gabinete del presidente Sánchez).
Sánchez Acera fue señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la persona que envió documentos de carácter confidencial del empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ex secretario general de los socialistas madrileños Juan Lobato.
Dimisiones
También la investigación que realiza el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha llegado a salpicar a varios cargos de Moncloa e incluso a dos miembros del Gobierno como son los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación, Francesc Vallés –que ejerció esta labor hasta el pasado 3 de diciembre– e Ion Antolín, que fue quien le sucedió y dimitió este lunes alegando problemas de salud.
Según uno de los informes realizados por la Guardia Civil que ya obra en manos del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, tanto Vallés como Antolín (director de comunicación del PSOE en el momento de los hechos); y también la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada y la mencionada Pilar Sánchez Acera «pretendían» que el exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato utilizara en un debate en la Asamblea de Madrid el correo electrónico con datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso, que le había sido remitido desde Moncloa, reconociendo que había cometido delitos contra Hacienda. La filtración de dicho documento es lo que se investiga en el alto tribunal como un delito de revelación de secretos.
El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, a su llegada a declarar ante el Tribunal Supremo sobre la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para aclarar el papel de Moncloa a la hora de enviarle información sobre la pareja / Eduardo Parra – Europa Press
Los indicios son especialmente relevantes, según los investigadores, en el caso de Vallés, de quien apuntan en su informe que podría tener un «rol superior de coordinación respecto a la información» que se manejaba en Moncloa y el PSOE sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, concretamente sobre el documento que habría enviado la defensa del empresario González Amador a la Fiscalía de Madrid proponiendo un pacto para asumir sus delitos contra Hacienda, pagar y evitar así llegar a juicio.
Contra ocho periodistas
Una vez conocido este informe, las consecuencias no se han dejado esperar y la representación letrada de González Amador ha solicitado al instructor de la causa varias diligencias que afectan a los cargos socialistas. Concretamente, insta al juez a ordenar a la Guardia Civil que analice las conversaciones que en los móviles del fiscal general y la fiscal jefa Provincial en Madrid, Pilar Rodríguez –también imputada–puedan existir con todas estos cargos socialistas y que se inste a las compañías telefónicas a conservar los datos de todos sus teléfonos móviles desde el 7 de marzo –fecha en la que esta parte sitúa la primera filtración, sobre la denuncia presentada por la Fiscalía contra él por fraude fiscal y falsificación de documentos– y hasta la actualidad. Solicita las mismas medidas con respecto a ocho periodistas que informaron de este asunto, una solicitud sin precedentes que, de aprobarse, afectaría gravemente al derecho a la información.
Por su parte, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo, no ha imputado, como le pedían las acusaciones populares, a otra asesora de Moncloa. En concreto a Cristina Álvarez, que es asistente de la mujer de Pedro Sánchez.
Estas acusaciones cuestionan el uso de recursos públicos, en concreto el correo oficial de Moncloa, para coordinar actividades privadas del máster y de la cátedra de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sin embargo, en su declaración como testigo de la semana pasada Álvarez, pese a reconocer que solicitó financiación para la cátedra Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, restó importancia a este hecho al considerarlo como un mero «favor» para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda «365 días durante 24 horas al día».
Asimismo, Peinado ha requerido a Presidencia del Gobierno un listado de los trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa.
Juan Manuel Serrano
Finalmente, en el caso Ábalos el presunto comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, ha asegurado haber mantenido «una relación especial» con Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, y que después fue nombrado presidente de Correos.
En su escrito de alegaciones, Aldama resaltó que fue esta empresa pública, bajo la presidencia de Serrano, la que adjudicó a la consultora tecnológica Sortis, liderada por Israel Pilar Ortiz, de un contrato de prestación de servicios por un total de 1,8 millones de euros por asesoramiento técnico permanente. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Israel Pilar Ortiz pudo haber realizado un pago de 10.000 euros a Koldo García Izaguirre, el asesor de José Luis Ábalos.
Sin embargo, el contrato suscrito por la empresa de Israel Pilar con Correos en 2021, cuyo importe alcanza los 1,8 millones de euros, no está siendo investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Víctor de Aldama también ha tratado de implicar en el caso Ábalos a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y lo ha hecho asegurando que en su teléfono tiene mensajes de Whatsapp que demuestran su «relación de interés» a cuenta de un piso que el asesor quería comprarse, aportando su tarjeta de visita y los apuntes sobre encuentros con Koldo García, contenidos en su agenda. En su confesión, aseguró haberle entregado una mordida de 25.000 euros, un hecho que Moreno ha negado.
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Fuera del Gobierno, Aldama también ha señalado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por haber cobrado supuestamente una comisión de 15.000 euros. Este lo ha negado de plano y, junto a varios de los aludidos, como es el caso del ministro Ángel Víctor Torres, se ha adherido a la querella conjunta de los socialistas contra el comisionista por atentar contra su honor.
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