Seúl emite una orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol por imponer la ley marcial en Corea del Sur
Un tribunal de Corea del Sur ha emitido este martes una órden de detención contra el presidente Yoon Suk Yeol y de registro de su oficina y residencia tras ser acusado de rebelión por su breve decreto de ley marcial. Es la primera vez que se emite una orden para detener a un presidente en el cargo en Corea del Sur. Pero los expertos dicen que hay pocas posibilidades de detención o registros a menos que Yoon sea oficialmente destituido del cargo.
Según las leyes de Corea del Sur, el líder de una rebelión se puede enfrentar a la pena de muerte o cadena perpetua en caso de ser condenado. Yoon tiene inmunidad presidencial frente a procesos penales, pero ésta no se extiende a acusaciones de rebelión o traición.
Los poderes de Yoon están suspendidos desde que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó el 14 de diciembre someterlo a juicio político por su imposición de la ley marcial, durante la cual cientos de soldados y policías fueron desplegados en la asamblea. Por ley, un presidente en Corea del Sur solo está autorizado a declarar ley marcial durante tiempos de guerra o emergencias similares y no tiene derecho a suspender la actividad del parlamento incluso bajo ley marcial.
Yoon ha argumentado que su decreto fue un acto legítimo de gobernanza, calificándolo de advertencia al principal partido de oposición, el progresista Partido Democrático, al que ha tachado de “monstruo” y “fuerza antiestatal” que ha usado su mayoría legislativa para destituir a altos funcionarios y socavar el presupuesto del gobierno. También le acusa de simpatizar con Corea del Norte.
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La Corte Constitucional debe determinar si destituye a Yoon como presidente o lo reinstaura en el cargo. Los expertos creen que Yoon probablemente ignorará las órdenes de detención. Ya ha esquivado repetidas solicitudes de las autoridades investigadoras para que se presente a declarar y el servicio de seguridad presidencial ha bloqueado intentos de registrar su oficina y residencia, citando una ley que prohíbe registros en sitios con secretos de Estado.
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