Nacho Canóex miembro del grupo icónico mecano y productor de música actual, compareció este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid declarar como objeto de una investigación. Las acusaciones giran en torno a supuestos crímenes contra los derechos de los trabajadores y el ciudadanos extranjeros respecto a la contratación de pasantes mexicanos para tu show Malinche.

Cuando llegas a la corte Plaza de CastillaEl productor musical no ha pasado desapercibido. Vestido con un abrigo largo negro, pantalón blanco, gorra y gafas de sol, el productor llegó en coche a las 9.51 horas, pocos minutos antes de su reunión con el juez. Frente a los periodistas reunidos, Nacho Cano declaró con actitud distendida: “Me voy a divertir un ratito y luego les cuento”.

Durante casi dos horas de testimonioAl parecer tenso ante la prepotencia del artista, Nacho Cano dijo que desconoce los detalles de la contratación de los pasantes para el musical Malinche, pues él dirige la parte artística y esas tareas son responsabilidad de otras personas de su equipo. Respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de los abogados.

El caso también involucra a otros miembros del equipo. Malincheincluido Roxana Drexeldirector de operaciones del programa y varios testigos cuyo estado cambió recientemente para ser investigados. Entre ellos se encuentran el director de la escuela donde supuestamente se formaron los becarios y el administrador del hotel donde se alojaban.

El contexto de las acusaciones

El proceso judicial se produjo tras la denuncia de Lesly Ochoauno de los becarios mexicanos que participaron en el musical. Según su testimonio, los becarios entraron en España como turistas en diciembre de 2023 para trabajar en el espectáculo al amparo de becas de formación no oficiales. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que estos jóvenes no contaban con visa de estudios ni contrato de trabajo, lo que los colocaba en una situación irregular en el país.

La acusación popular, encabezada por el sindicato Comisiones ObrerasSostiene que Cano y su equipo cometieron un fraude deliberado al promover el ingreso de becarios como turistas, llegando incluso a utilizar guías de viaje como parte de la broma. También cuestionan las condiciones en las que los jóvenes desarrollaban sus actividades en el musical.

La estrategia de Canó

El abogado defensor, Alfredo Arriénél anunció que Pico podría ejercer su derecho a no declarar. Al mismo tiempo, la defensa centró sus esfuerzos en desprestigiar a la denunciante, llamándola “mala compañera” y presentando mensajes de WhatsApp en los que supuestamente aceptaba dinero para evitar acudir a los tribunales.policía. Sin embargo, el juez rechazó esta prueba porque no aportaba claridad sobre los presuntos delitos que se investigan.

Por su parte, Cano mantuvo una postura combativa durante todo el proceso, acusando a las autoridades de perseguirlo por motivos políticos. Según el productor, esta situación es una medida de represalia por su apoyo a Isabel Díaz Ayusopresidente de la Comunidad de Madrid.

Declaraciones contradictorias

Durante una rueda de prensa celebrada tras su detención en julio de 2024, Cano defendió la legalidad de su proyecto y aseguró que las irregularidades se debían a retrasos administrativos. Sin embargo, el informe de la inspección del trabajo concluyó que los becarios realizaron prácticas no profesionales en condiciones que no respetaban la normativa vigente.

“Lo que queremos es que estos jóvenes tengan la oportunidad de triunfar”, afirmó. Nacho Canó en su momento, argumentando que el objetivo de traer a artistas mexicanos era brindarles una oportunidad de desarrollo profesional. Sin embargo, las acusaciones indican que esta versión no toma en cuenta las pruebas recabadas por el policia nacional.

Escenario incierto

A medida que avanza la información judicial, Nacho Canó Podría enfrentarse a importantes sanciones si finalmente se confirman las acusaciones en su contra. Por un lado, el delito de promoción de la inmigración ilegal se castiga con penas de dos a cinco años de prisión. Por otro lado, los delitos contra los derechos de los trabajadores podrían acarrear penas de seis meses a seis años de prisión.

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