El Gobierno debate crear un nuevo impuesto o modificar Transmisiones para penalizar la compra de casas a extranjeros de fuera de la UE
El Gobierno está diseñando un plan para frenar la compra de viviendas en España por parte de extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea. Aunque todavía no se ha concretado como se va a llevar a cabo esta limitación, el Ejecutivo parece decidido. Así lo aseguró el presidente Pedro Sánchez, durante el foro organizado por el Ministerio de Vivienda el pasado lunes: «Incrementaremos la carga fiscal que tendrán que pagar hasta el 100% del valor del inmueble«.
[–>[–>[–>[–>Antes y después de esta afirmación tan rotunda, Sánchez contextualizó: «Después de haber hecho un trabajo muy minucioso, hemos decidido limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Es una medida inédita en la historia de nuestro país, pero que ya se está aplicando en Canadá o Dinamarca y que consideramos adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional. Solo en 2023 los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron alrededor de 27.000 casas y pisos, no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares, sino para especular y ganar dinero, algo que en un contexto de escasez residencial no podemos permitir».
[–>Esta medida, inédita, como comentó el presidente, está aún en una fase de diseño. Las dos opciones encima de la mesa, según avanzaron fuentes de Moncloa, son, por un lado, rediseñar el actual Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), tributo que deben pagar aquellos que adquieren una casa. Aunque este impuesto es la Administración General del Estado la que regula la estructura básica, como los tipos impositivos máximos, las exenciones y las reducciones, es de gestión autonómica y son estas las que pueden modificar las bonificaciones.
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En la actualidad, esta tasa oscila entre el 6%, que se aplica en Madrid, Navarra o Melilla, y el 10%, que se alcanza en Baleares. Sin embargo, a este tipo base se le aplican, en la mayoría de regiones, bonificaciones por adquisición de primera vivienda o una para uso habitual (no para inversión) o el precio del inmueble. Esto permite, por ejemplo, en el caso del archipiélago mencionado, pagar un 8% si el piso vale menos de 200.000 euros y un 10% si supera los 400.000. En Cataluña, si el valor de la transacción supera los dos millones de euros, el tributo asciende hasta el 12%.
[–>[–>[–>[–>Opción dos, crear un nuevo impuesto
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La otra encima de la mesa es crear un nuevo impuesto, el cual solo recargaría a los extracomunitarios no residentes. Este tributo podría operar como el de patrimonio y grandes fortunas, que son gestionados por el Estado y las comunidades, respectivamente. Este, de crearse, supondría en la práctica un veto casi total a la compra por parte de este perfil de inversores o turistas, ya que supondría pagar el doble por un inmueble de su coste real en mercado.
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Desde el Gobierno son conscientes de que se trata de un asunto complejo. Las mismas fuentes reconocen que dos países europeos intentaron implantarlo y su tribunal constitucional acabó anulando la regulación. Sin embargo, están decididos a dar un «mensaje claro». «Esta medida, que puede parecer menor porque supusieron solo 25.000 viviendas al año en 2023, se concentra en ciertos lugares donde ya hay una tensión en el mercado, como las zonas costeras, islas y grandes ciudades. Priorizaremos que las viviendas disponibles sean para los residentes», añaden.
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Las incógnitas
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A pesar de que desde el Ejecutivo han querido afinar las dos posibilidades, quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con las viviendas de nueva construcción? Estos inmuebles no pagan ITP, sino un tipo fijo del Impuesto del Valor Añadido (IVA) del 10%. Tampoco se ha aclarado qué pasaría si el comprador es una sociedad limitada o anónima con sede fiscal española o europea, aunque su capital o socios sean extracomunitarios no residentes. Cabe la posibilidad también de que este tema suponga un efecto rebote y España pierda atractivo frente a otros países del sur de Europa, como Portugal, Italia o Grecia, más allá del impacto económico de la medida.
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Lo que está claro es que el Ejecutivo ha dado un giro de 180 grados en la política de vivienda y los extranjeros, pasando de la existencia de la ‘golden visa’ (que ya fue derogada), una ‘barra libre’ de permisos de residencia para inversores que comprasen uno o varios activos valorados en más de medio millón de euros, a poner trabajas a sus adquisiciones. El Gobierno, con estas medidas, no solo busca una efectividad a la hora de bajar los precios, algo que reconocen hay que atacar desde varios ángulos, sino mandar un mensaje a la ciudadanía en un escenario político en el que PSOE y PP pugnan por liderar el relato en materia de vivienda.
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