MUJERES AFGANAS | El caso de Laila, fiscal antiterrorista afgana a la que España niega el salvoconducto
Laila es una fiscal afgana de 35 años que asegura haber perseguido casos de terrorismo yihadista en Afganistán y que «miró cara a cara a los talibanes» en procesos judiciales contra ellos. Ocurrió durante los años de apertura en el país asiático; las dos primeras décadas de este siglo. La coalición de la OTAN liderada por Estados Unidos invadió el país y derrocó a los talibanes y puso a un Gobierno democrático que permitía a muchas mujeres estudiar, ejercer su profesión y vivir en libertad por primera. Una de ellas era Laila (nombre ficticio para garantizar su seguridad).
[–>[–>[–>[–>Aquello acabó repentinamente en agosto de 2021. Los talibanes lanzaron una contraofensiva y entraron en la capital, Kabul, mientras las fuerzas internacionales huían en desbandada. Los países occidentales comenzaron entonces una enorme operación de extracción de los afganos que habían cooperado con el Gobierno anterior y corrían peligro con el nuevo régimen. España llevó a cabo tres operaciones (Antígona I, II y III) y evacuó a más de 3.900 colaboradores afganos en un año. Muchos de los que no pudieron salir huyeron a Pakistán, donde han malvivido como refugiados desde entonces. Es el caso de Laila, su marido y su bebé.
[–>Ella pidió formalmente hace más de un año a la Embajada de España en Islamabad que le concedieran un salvoconducto para venir a nuestro país y poder solicitar formalmente el asilo. Estaba segura de que se lo iban a otorgar. No ha sido así.
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“Todavía no lo entiendo: soy una mujer afgana, fiscal y tengo todos los documentos que justifican que he trabajado cara a cara contra los talibanes y Daesh [el grupo yihadista Estado Islámico] y que han asesinado a mis compañeros. ¿Por qué me han rechazado? No lo sé», explica en una conversación de WhatsApp a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Me citaron un día de diciembre de 2023 a la embajada y me entrevistaron. Pero parecía que la mujer tenía prisa, no me preguntó mucho”.
[–>[–>[–>[–>En la resolución de rechazo de su solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, el jefe de la misión española, que toma la decisión en estos casos, afirma que Laila “no demuestra de forma fundada persecución específica contra su persona” ni ha acreditado “ninguna amenaza” ni “describe ningún episodio de violencia”. Por todo ello, “no se cumplen los requisitos para su traslado a España para hacer posible la presentación de solicitud de protección internacional”. En pocas palabras: le rechazan el salvoconducto.
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La justicia avala los salvoconductos
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El pasado octubre, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que el hecho de ser mujer y afgana puede ser condición suficiente para demostrar una situación de peligro ante los talibanes. No hacen falta más pruebas que nacionalidad y género, se lee en el texto favorable a dos mujeres afganas a las que se rechazó el asilo en Austria.
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Pero desde esa sentencia, España ha seguido rechazando solicitudes de salvoconducto de mujeres afganas. Al menos una docena de casos, según las ONG que ayudan desde España a Laila y otras como ella, NetWomening y Afghan women on the run. El Ministerio de Exteriores asegura, a preguntas de este diario, que están estudiando las consecuencias legales de esa sentencia.
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Este tipo de casos ya se están peleando también en los tribunales españoles. La Audiencia Nacional ordenó al embajador en Pakistán, José Antonio de Ory Peral, que concediera a una fiscal antiterrorista afgana y a su hijo la documentación necesaria para trasladarse a España, en un caso contra el Ministerio de Exteriores resuelto el pasado mes de abril.
[–>[–>[–>[–>“A todas las personas que solicitan el traslado a España para solicitar Protección Internacional se les presume el mismo grado de vulnerabilidad y peligro, y la asignación de citas se realiza respetando el orden de petición”, aportan fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. “No obstante, se toman en consideración también aquellas comunicaciones que se reciben relativas a personas que señalan encontrarse en riesgo grave”.
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La mala suerte de Laila
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De momento, Laila, como miles de mujeres afganas, malvive en Pakistán, con el temor constante a que la policía venga a detenerla y a obligarla a regresar a su país. Pakistán ha lanzado una nueva fase agresiva de deportaciones de ciudadanos afganos que se encuentran de forma irregular en su territorio, según ha podido comprobar este periódico con testimonios y vídeos. La Embajada de Pakistán en España no ha atendido a tiempo la petición de información de este diario.
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“Nuestras condiciones aquí en Pakistán son terribles, no podemos más. A veces pienso en quitarme la vida”, nos explica. “La policía se lleva a la gente para deportarla. Por si acaso, apenas salimos de casa”.
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Desde España, la organización NetWomening está siguiendo su caso y prestándole apoyo. Son muchas las ONG y las iniciativas improvisadas en todo el mundo para ayudar a mujeres afganas. En diciembre de 2022, 27 fiscales afganas, que sobrevivían de forma precaria en la capital de Pakistán desde la caída de Kabul a manos de los talibanes, lograron llegar a España. Ante el empeño de un grupo de fiscales y abogados españoles, el Ministerio de Exteriores aceleró la concesión de los salvoconductos. Eludieron así las represalias del nuevo régimen afgano.
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Laila debía haber salido en ese grupo, pero, dice, su embarazo de riesgo no se lo permitió. Su permanencia dos años tras la toma del poder por parte de los talibanes es otro de los motivos que alega la Embajada de España para rechazar su salvoconducto: si estuvo ese tiempo y no le pasó nada, dicen, es que su vida no corre riesgo. Ella ha presentado una reclamación formal pero, por el momento, no tiene respuesta.
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Mientras espera en vilo en Pakistán la decisión española, uno de sus colegas de profesión, el Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado que emitan órdenes internacionales de detención contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, por crímenes contra la humanidad de persecución por motivos de género.
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