Repsol y Moeve reactivan inversiones milmillonarias en España tras el fin del impuesto a las energéticas
Los grandes grupos energéticos reactivan las inversiones milmillonarias en España tras la caída del impuesto especial a los gigantes del sector que aplicó el Gobierno durante dos años. El Congreso de los Diputados rechazó -con los votos en contra de PP, Vox, Junts y PNV- convalidar el real decreto con el que el Ejecutivo proponía prorrogar el ‘impuestazo’ durante 2025 como una concesión a las exigencias a sus socios parlamentarios de la izquierda.
El intento de prolongación del gravamen especial, nacido durante lo peor de la crisis energética para que las grandes energéticas financiasen partes de las medidas del escudo social levantado por el Ejecutivo, había llevado a los grandes grupos a poner en ‘stand by’ inversiones gigantescas en el mercado español, singularmente vinculadas con la revolución del hidrógeno verde. Repsol y Moeve (antigua Cepsa), las dos compañías más afectadas por el impuesto mientras ha estado vigente, reactivan ahora las inversiones comprometidos tras el fin del gravamen.
El consejo de administración de Repsol -la compañía que con mayor claridad y contundencia había mostrado su rechazo públicamente a la prolongación del impuesto- ha decidido este miércoles desbloquear inversiones millonarias en España La petrolera comandada por Josu Jon Imaz ha confirmado la aprobación de una «inversión histórica» de más de 800 millones para construir en Tarragona la primera planta europea que transformará residuos urbanos en metano renovable, un combustible que servirá para descarbonizar el transporte. Un proyecto que representará una impulso para la zona de Camp de Tarragona, con la creación de 340 empleos en la fase de operación y 2.800 puestos durante la construcción de la planta.
Repsol había sido la compañía que más ha pagado por el impuesto especial en los dos últimos años con casi 800 millones y había venido amenazando con llevarse todas o gran parte de esas inversiones a otros países, singularmente Portugal. El propio consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se puso al frente de las crítica del sector con una tribuna publicada en varios medios de comunicación denunciando el “populismo fiscal” del Gobierno y advirtiendo que mantener el impuesto extraordinario “ralentizará al mínimo” las inversiones del sector.
Repsol había dejado en el aire proyectos de inversión de 1.500 millones de euros en País Vasco, Cataluña y Murcia ligados a la descarbonización de sus instalaciones industriales, producción de combustibles renovables y también en todos ellos vinculados a plantas de producción de hidrógeno verde. Ahora reactiva formalmente uno de los grandes proyectos que habían quedado en suspenso como «primer hito» del cambio de postura de congelar inversiones en España al considerar que el fin del impuestazo supone recuperar «un marco regulatorio y fiscal estable», apuntan fuentes del grupo. «Es el momento de invertir».
Moeve relanza el Valle Andaluz del Hidrógeno
Por su parte, Moeve ha confirmado que pretende iniciar en los próximos meses la construcción de su ‘megaproyecto’ de hidrógeno verde en Andalucía, tras haberlo dejado en revisión por el impuesto a las energéticas. El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha desvelado este verano comenzarán las obras de las instalaciones que conformarán Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con inversiones previstas de 3.000 millones en las plantas de hidrógeno verde y que lleva vinculada levantar plantas de energías renovables por otros 2.000 millones más.
El megaproyecto contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en los parques industriales de Moeve de Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz). Las plantas tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2.000 MW, que producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, y que permitirá la creación de 10.000 empleos en tres años. «Ya no hablamos de proyectos y planos, hablamos de realidades», ha señalado Wetselaar, presumiendo de que el Valle Andaluz “será el mayor proyecto de hidrógeno verde renovable de Europa”.
Las energéticas pagaron 2.400 millones
El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En estos dos años de aplicación la recaudación procedente sólo del sector energético ha superado los 2.400 millones de euros.
Durante este tiempo, las grandes energéticas y las patronales que las agrupan ya han venido han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado. Y también han venido amenazando con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario.
El Ejecutivo prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. Tras parecer que semanas de tira y afloja entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, enfrentados entre sí sobre este asunto, el ‘impuestazo’ decayó hace un par de semanas por el esperado rechazo de una mayoría del Congreso a convalidar el decreto que habilitaba su prolongación durante 2025.
Las grandes energéticas sumaron fuerzas en una ofensiva común histórica contra la prórroga del impuesto extraordinario sobre sus ventas y advirtieron al Ejecutivo de que estaban en riesgo inversiones verdes de hasta 30.000 millones en los próximos años si el gravamen se mantenía. Todos los gigantes energéticos se unieron en una revuelta conjunta inédita a través de un comunicado común del Club Español de la Energía (Enerclub), un lobby al que están adscritas las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), las gasistas, (como Naturgy) y las petroleras (Repsol, Moeve, BP o Totalenergies). Todas ellas tienen previstas inversiones millonarias para impulsar proyectos de hidrógeno verde en el mercado español.
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