La Sindicatura de Comptes cifra en 33.570 millones la infrafinanciación de Catalunya durante 20 años
La Sindicatura de Comptes ha cifrado en 33.570,61 millones de euros la infrafinanciación colectiva y relativa de Catalunya respecto de los ingresos pactados en 2009 en el sistema de financiación autonómica entre 2002 y 2022, según figura en el informe publicado este miércoles. Este cálculo se da si el Estado hubiese garantizado las necesidades de financiación por habitante ajustada pactada en 2009, mientras que si se realiza según el sistema pactado en 2002, la infrafinanciación es de 32.692,07 millones. En un momento político marcado por la negociación de un modelo de financiación singular para Catalunya, la Sindicatura concluye que «una parte significativa del endeudamiento de la comunidad es a causa de la insuficiencia financiera colectiva sufrida por las comunidades de régimen común al final del ‘boom’ inmobiliario y durante los años de la crisis iniciada en 2008». El estudio tiene que contribuir en la negociación del nuevo modelo de financiación de Catalunya para los próximos años.
Según otro cálculo, si la financiación por habitante ajustado de Catalunya hubiera sido igual a la media de las comunidades autónomas de régimen común, el impacto es de 6.273,4 millones. Por otro lado, si todas estas comunidades autónomas hubiesen tenido el mismo incremento impositivo para recuperar la caída de ingresos derivada de la crisis de 2008, la infrafinanciación es de 22.810,04 millones. Así, según la referencia considerada para valorar los recursos que se deberían haber garantizado, la infrafinanciación representa entre el 26,99% y el 39,72% de la deuda de Catalunya en 2022.
La Sindicatura recuerda que al acabar 2022 la Generalitat acumulaba un pasivo por importe de 83.177 millones de euros, de los cuales un 85,7% correspondía a préstamos derivados de los mecanismos de financiación estatales, fundamentalmente el llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El FLA es una línea de crédito creada por el Gobierno español en julio de 2012 en el contexto de la crisis económica, concebido para aliviar la situación financiera de las autonomías sin tener que recurrir a la emisión de deuda. Está dirigido por el ICO (Instituto del Crédito Oficial), competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Recurrir al FLA obliga a las comunidades a destinar el dinero a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras.
La Sindicatura ha señalado que el Estado hizo un mayor despliegue de servicios transferidos a algunas comunidades autónomas y que fueron valorados a niveles más altos, lo que perjudicó a las que había recibido antes el traspaso, como Catalunya. Ha señalado que esto no respeta el principio de ordinalidad, que indica que no se puede alterar el orden que sale de la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma. Por ello, ha recomendado iniciar una negociación con el Gobierno para revisar el endeudamiento «de manera total o parcial» teniendo en cuenta alguno de los cuatro escenarios planteados.
El ente ha publicado este miércoles otros tres informes sobre ahorro y eficiencia energética en entes locales en 2022, el proceso de consolidación de cuentas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2022 y el Pla Serra Húnter entre 2016 y 2022. Sobre el ahorro y eficiencia energética en entes locales, ha señalado que el 34,3% de estas entidades de más de 20.000 habitantes no tenía una planificación general. En el informe sobre la AMB, ha observado que los ajustes detectados disminuyen el resultado del grupo en 326,17 millones y el patrimonio neto en 324,55 millones. En el documento sobre el Pla Serra Húnter, ha pedido la creación de un sistema de seguimiento que permita comparar los resultados de los docentes.
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