CENTRALES NUCLEARES | Aagesen ignora la presión pronuclear: “El Gobierno no decide el cierre de las nucleares, lo han decidido las eléctricas”
Desde diferentes ámbitos empresariales, políticos y ahora también desde una parte de la sociedad civil se ha activado la batalla para intentar retrasar los cierres de todas las centrales nucleares españolas. PP y Vox empiezan a abrir el frente político, con el objetivo de sumar a Junts, y diferentes patronales y plataformas sociales aúnan fuerzas para posponer el apagón nuclear total. El Gobierno de Pedro Sánchez respalda la clausura escalonada prevista de todos los reactores, pero se sacude la creciente presión pronuclear y sitúa la decisión última de echar el cierre en las propias eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) por razones económicas.
“El Gobierno no decide el cierre de las nucleares. Lo han decidido las compañías propietarias de las centrales”, ha subrayado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista con RNE. “El cierre del parque nuclear está acordado por las empresas propietarias. En un sistema energético liberalizado, las compañías pactaron con Enresa, la empresa dedicada a la gestión de los residuos radiactivos, un calendario de cierre. Y el Gobierno, de manera responsable, lo ha incluido en su planificación energética”.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
Razones económicas
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se esgrime que las eléctricas no han solicitado modificar ese calendario de cierres desde su aprobación y que no lo hacen por razones económicas, porque les resulta más rentable seguir creciendo en renovables que ejecutar las grandes inversiones que requeriría prolongar la vida de los siete reactores ahora operativos en España. Sin embargo, tanto Iberdrola como Endesa están mostrando cada vez más claramente en público una posición defensa de prolongación de las nucleares como vía para asegurar el consumo intensivo de electricidad de grandes proyectos industriales (como los centros de datos) y hacerlo con una tecnología energética como la nuclear sin emisiones de efecto invernadero. El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló como «absolutamente crucial» la energía nuclear en el Foro de Davos.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno el año pasado, la hoja de ruta ambiental y energética hasta final de la década, recoge sin cambios ese calendario de cierres hasta el apagón nuclear total en 2035, en un proceso continuado de sustitución de los reactores por un despliegue masivo de nuevas instalaciones de energías renovables.
“El cierre no es algo que decida el Gobierno”, ha apuntado Aagesen, limitando la labor del Ejecutivo en este campo pasa exclusivamente por tutelar que el proceso de clausuras se realice correctamente, para “garantizar el suministro eléctrico en todo el territorio”, “acompasar con el despliegue de renovables y de almacenamiento”, “gestionar los resiudos radiactivos” y “apostar por la transición justa, acompañando a todos los territorios” afectados por los cierres.
La batalla por los impuestos
Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, y que sería lo responsable con la transición ecológica al no emitir CO2. Con las fechas de cierre pactadas, las centrales españolas funcionarán una media de 46 años desde su puesta en funcionamiento, mientras que en otros países instalaciones similares ya está previsto que estén operando 60 e incluso 80 años.
La patronal de las nucleares defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones. Hay razones económicas, pero las eléctricas ponen el foco en unas motivaciones económicas diferentes a las que apunta el Gobierno. Foro Nuclear advierte a los partidos políticos que defienden prolongar el funcionamiento de las centrales que es imprescindible una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan. Entre tasas y tributos, la electricidad producida por las centrales nucleares pagan más de 28 euros por MWh. En total, más de 1.500 millones de euros cada año. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas.
La batalla por retrasar los cierres está teniendo en la central de Almaraz, en Cáceres, como primera punta de lanza. El calendario oficial establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028, pero un eventual aplazamiento de la clausura hay que adoptarlo de manera inminente para que los propietarios tomen decisiones sobre compra de combustible nuclear y personal para mantener la planta en funcionamiento. Hace apenas dos semanas, miles de personas se manifestaron para reclamar la continuidad de la central de Almaraz. La movilización estuvo convocada por la recién nacida plataforma social ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, y a ella acudieron no sólo miembros del PP (incluida la presidenta extremeña, María Guardiola) y de Vox, también el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
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