Los expertos abogan por que la reforma de la Renta Garantizada sea rápida y «más osada»
Necesaria, incluso urgente, aunque también proponen que sea un tanto más osada. Así valoran tres expertos en garantía de ingresos la nueva reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que plantea el Govern de Salvador Illa. Todos aplauden que los trabajadores con sueldos más bajos reciban ayudas públicas para llegar a final de mes. «Esta bien, es un buen inicio, pero esperemos que se aplique rápido, aunque podría ser más osada», opina Manuel Aguilar, investigador de la Universidad de Barcelona (UB) experto en servicios sociales que propone algunas mejoras. Lluís Torrens, economista experto en innovación social y exsecretario general de Drets Socials, señala algunos detalles que podrían ser mejorables. El más crítico, el investigador en derecho del empleo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y miembro del grupo promotor de la primera ley de la Renta Garantizada, Sixte Garganté, la considera «una regresión» que además podria ser «antiestatutaria».
«Compatibilizar renta y empleo es la madre de los huevos de la pobreza. Los grandes países de Europa llevan años haciéndolo»
«En los años 70 y 90, entendíamos que los pobres eran quienes no tenían trabajo. Pero hace años que vemos que el trabajo no garantiza los ingresos suficientes para sobrevivir. Hemos normalizado los trabajos que no cubren las necesidades básicas de las personas, y si los gobiernos quieren acabar con la pobreza, deben atender a estas personas», empieza Aguilar. Es por ello que considera necesaria y urgente la propuesta del Govern para que la Renta Garantizada cubra también a los trabajadores pobres. «Es la madre de los huevos de la pobreza, los grandes países de Europa llevan años haciéndolo«, sigue. Pone de ejemplo las prestaciones sociales en Alemania, Francia, Reino Unido o los países escandinavos, hacen compatibles las rentas sociales con el empleo.
El contexto nacional e internacional
Aguilar también agradece que, mientras el resto de comunidades en España han dejado de financiar sus rentas sociales, Catalunya quiera copiar el modelo del País Vasco y Navarra, busque crecer en número de beneficiarios y aportaciones públicas. «En Valencia, Madrid, Extremadura, Murcia… van camino de la desaparición. Madrid ha pasado de 22.000 perceptores a 1.000. Las hacen incompatibles con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), congelan las cuantías… Que Catalunya se plantee mejorarla y aumentar la cobertura es importante y una buena noticia: sería la comunidad que destinaría más fondos a ello».
«No hay tiene sentido que el complemento de activación mar solo solo de un año. En un año no cambiará la situación laboral del beneficiario»
En una primera fase, el Govern quiere complementar los sueldos de quienes estén cobrando la renta y encuentren un empleo. Después, en 2027 según los cálculos de la Conselleria de Drets Socials, podrán pedirla las personas que ya estén trabajando, aunque la reforma de la ley lo deja en manos de la regulación que quiera hacer el Govern. «Lo entiendo porque puede suponer un altibajo presupuestario», dice Aguilar, aunque desde su punto de vista deberían acceder de forma immediata. Garganté, en cambio, lo critica duramente. «Es algo que debe regular la ley, lo dice el Estatuto de Autonomía, no se puede quitar la soberanía del Parlament en este asunto», lamenta.
Complemento al empleo
Los tres están de acuerdo en el complemento a la activación que la conselleria ya está diseñando, aunque la ley no concreta su cantidad. Aguilar recuerda que en Alemania, los trabajos por menos de 400 euros al mes no se tienen en cuenta para quien cobra estas prestaciones. A Torrents no le gusta que este complemento sea de tan solo un año. «No tiene sentido, en un año no cambiará su situación, no encontrarán un empleo mejor. Esta medida tiene que ser permanente hasta que su situación cambie y cobren más. Cuando pase el año dejarán el trabajo. No se quedarán trabajando por menos dinero, les obligamos a vivir de la paga «, apunta Torrens. Garganté recuerda que el País Vasco ha hecho indefinido este complemento, que antes era de tres años.
«Por fin las familias con cinco o más miembros se colocarán por encima del umbral de la pobreza severa»
Los expertos también aplauden que las cuantías de la RGC crezcan, pero recuerdan que los importes aún están lejos del umbral de la pobreza. «¿Con 778 euros se puede sobrevivir en Catalunya? Con el problema de la vivienda, en el Área Metropolitana de Barcelona sabemos que no», apunta Torrens. «Dependiendo de si tienen vivienda o no, las cuantías de la prestación son inviables», añade Aguilar. Proponen que no se tengan en cuenta las ayudas al pago del alquiler, aunque la reforma estipula un límite del 30%. Garganté, que a su vez aplaude la mejora de las cuantías para las familias con cinco o más miembros. «Por fin estas familias se colocarán por encima del umbral de la pobreza severa».
Los menores
Garganté y Torrens agradecen el complemento a la infancia de 50 euros pero piden que sea más alto. «Es injusto, si tenemos en cuenta que el del Ingreso Mínimo Vital es de 118 euros al mes», dice Torrens. «Es un despropósito y un agravio comparativo. Las familias que cobran el IMV se quedarán sin este complemento catalán. Debe ser superior al del IMV», añade.
Estos investigadores apuntan que para que Catalunya se equipare al modelo vasco, tal y como busca la Conselleria de Drets Socials, no se debería tener cuenta, en el caso de las personas migrantes, si tienen permiso de residencia, especialmente en los hogares donde haya menores. «En Euskadi solo piden que estén empadronados. Igual que les financiamos la sanidad y la escuela pública, debemos hacernos cargo de los ingresos en su hogar. El interés superior del menor es más importante que su origen o situación documental», defiende Aguilar. «Hay que hacer una tramitación especial en estos casos», se une Torrens.
Garganté, el más crítico, sospecha que lo que busca el Govern con esta reforma es transformar la RGC para que sea lo más parecida posible al Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal que se da en función de los ingresos del año anterior y que ahora ya está transferida a la Generalitat. «Ahora la RGC se da en función de los ingresos de los dos últimos meses pero el Govern quiere regularlo vía reglamento. También obliga a hacer la declaración del IRPF, como en el IMV, y añaden una disposición adicional de que todo va a depender de los presupuestos. Van por ese camino y es claramente restrictivo», se queja.
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