La nueva ley de dependencia y discapacidad obligará a las comunidades a poner un ascensor en más situaciones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto que reformará en un único texto la ley de dependencia y la ley de discapacidad, con el fin de adaptar el marco jurídico a dos nuevas situaciones: el modelo de cuidados que promueve la desinstitucionalización y la autonomía y la reforma de la Constitución, que sustituyó el término disminuidos por personas con discapacidad.
La norma recoge nuevos derechos, amplía el catálogo de servicios, elimina recortes efectuados en la etapa del PP, pero no conlleva la ingente inversión necesaria para acabar con el principal problema de la ley de dependencia: la falta de recursos humanos y las largas lista de espera (330 días de media para acceder a las ayudas).
Pero el Gobierno alega que, además de mejorar la financiación, que es competencia estatal pero también de las comunidades y no se puede hacer de una tacada; toca reformar ambas leyes, en un único texto, porque el aumento de la longevidad multiplica cada año el número de dependientes y estos requieran apoyos durante más tiempo. Para ello, la norma “blinda el sistema, fortalece el Estado del bienestar y proyecta las necesidades del siglo XXI», según ha destacado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Estos son los principales cambios que contempla la norma, que no entrarán en vigor de manera inmediata porque el anteproyecto tiene una larga tramitación por delante:
Vivienda accesible
Como uno de los objetivos es llevar al marco jurídico la inclusión social de las personas con discapacidad que promueve la reforma de la Constitución, la ley reconoce la accesibilidad como un derecho, tanto para administraciones como para particulares. En materia de vivienda, reforma la ley de propiedad horizontal para que las obras que facilitan la accesibilidad, como ascensores o rampas, sean obligatorias y siempre que un vecino lo pida, haya que solicitar las ayudas existentes. Y, si las comunidades de vecinos se niegan, se habilita a los solicitantes a acudir a la justicia. Además, la ley recoge el deber de las administraciones de habilitar líneas de ayudas y rebaja el porcentaje del 75% al 70% del importe de las obras que deberán cubrir las subvenciones para que sean obligatorias.
Según el CERMI, unas 100.000 personas viven hoy en día encerradas en sus casas porque sus viviendas no tienen accesibilidad.
Coto a las discriminaciones
La ley prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad en la contratación de seguros de salud o vida, tanto que se las excluya como se les cobre más. Asimismo, contempla como infracción grave la exposición pública de personas atendiendo a su discapacidad, como se hace, por ejemplo, en los espectáculos del bombero torero, que ya están prohibidos pero hay ayuntamientos u organizadores que incumplen la ley.
33% de discapacidad
Para disminuir la burocracia, la norma reconoce a las personas dependientes (de cualquier grado) una discapacidad del 33%. Les evita tener que solicitarlo, ser valorados, etc. lo que reducirá las listas de espera, salvo que el dependiente quiera tener el reconocimiento de una discapacidad mayor.
Estacionamiento y derecho a la familia
La ley creará un fondo estatal de promoción de la accesibilidad, destinado a financiar obras en entornos públicos, como rampas y ascensores. Y crea un registro estatal de tarjetas de estacionamiento con el fin de agrupar las diferentes vías de expedición y evitar el fraude. Asimismo, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, para evitar, por ejemplo, que en un divorcio la custodia se conceda automáticamente a favor del progenitor sin discapacidad.
Alquiler de sillas de ruedas
La norma prevé la puesta en marcha de servicios de préstamo para productos que fomenten la autonomía, como sillas de ruedas o andadores, pero no audífonos.
Fin de los recortes
El anteproyecto, que el Consejo de Ministros ha estudiado en primera vuelta, suprime el régimen de incompatiblidades entre prestaciones, que impuso el PP en 2012. Permitirá, por ejemplo, tener acceso a un centro de día y a la ayuda a domicilio. Muchas comunidades ya lo permiten, pero ahora se incluye en la ley para frenar las incompatibilidades en toda España. Y se elimina el plazo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con el fin de agilizar el inicio del cobro o la prestación.
Ayuda a domicilio y teleasistencia
La ley contempla también que el servicio de ayuda a domicilio se extienda a otras necesidades, como hacer la compra o ir al médico, que la prestación económica por cuidados se extienda a personas allegadas como vecinos o amigos y reconoce la teleasistencia como un derecho de obligado cumplimiento. También refuerza el derecho a decidir del dependiente o persona con discapacidad, eliminando la posibilidad de que la administración decida qué servicios o centro residencial le presta los apoyos.
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