“El paso ahora es llevar al Código Penal la violencia económica, usada para subordinar a las víctimas”
Cuando era titular del juzgado penal número 2 de Mataró, Lucía Avilés presentó una iniciativa legislativa judicial destinada a promover la tipificación y reparación del daño causado por la violencia económica de género, especialmente a través del impago de pensiones. Aquella propuesta se ha recogido en el pacto de Estado contra la violencia machista, que se ha aprobado en la Comisión de Igualdad del Congreso. Avilés, que ahora es vocal del Consejo General del Poder Judicial, se muestra satisfecha con el acuerdo político alcanzado y pide que no se quede ahí, que se plasme en el Código Penal.
¿Qué le parece cómo los partidos han recogido su iniciativa? Han hecho una propuesta bastante completa, que recoge no solo el contenido de la iniciativa legislativa que presenté para regular la violencia económica, sino también la propuesta que hice a los diputados cuando que acudí a la subcomisión del Congreso que ha elaborado el dictamen. En mi comparecencia, les propuse no solo reflejar el delito de impago de las pensiones como un tipo de violencia de género, sino también la posibilidad de acometer violencia económica a través de otras formas delictivas como el alzamiento de bienes, las estafas, las apropiaciones indebidas o la administración desleal. E incidir en la importancia de la reparación de las víctimas.
Ahora falta que las recomendaciones se plasmen en el marco jurídico. Sí, pero creo que es un pequeño gran paso, porque su inclusión en el pacto de Estado supone un compromiso político y existe un mandato jurídico internacional, del Convenio de Estambul y del Parlamento Europeo y del Consejo. Ahora falta la modificación del Código Penal.
La violencia económica es un medio para causar subordinación en la víctima, que la impide tener un proyecto vital tanto a ella como a sus hijos, y que no pueda salir de forma rápida de la violencia
¿Era importante recoger la violencia económica con un concepto amplio? Sí, es necesario reconocer y regular todas sus formas y sus consecuencias, tanto en el pacto como en la legislación. En el acuerdo, han recogido el concepto que yo les di, que se basa en el concepto de violencia de la Organización Mundial de la Salud. Aplicado a violencia económica, supone un medio para causar subordinación económica en la víctima, lo que la impide tener un proyecto vital tanto a ella como a sus hijos, y que no pueda salir de forma rápida de la violencia.
¿Se puede plasmar así en el Código Penal o hay que afinar más? En el ámbito penal el principio de legalidad impone una concreción exacta de las conductas, por lo que tendría que realizarse retocando artículos completos como el de impago de las pensiones, alzamiento de bienes, estafas, o administración indebida, incluyendo la variante de estrangulamiento económico que supone este tipo de violencia.
Los grandes ejes del pacto de Estado, reconocer y regular la violencia vicaria, económica y digital, eran necesarios
¿Qué le parece el pacto de Estado en su conjunto? Mi valoración es positiva. En primer lugar, porque se ha logrado un acuerdo entre las fuerzas políticas, que supone renovar el consenso político contra la violencia de género. Y los grandes ejes del pacto, reconocer y regular la violencia vicaria, económica y digital, eran necesarios. En lo que a mí me afecta, estoy enormemente contenta porque se ha reconocido expresamente la violencia económica, de la que había un rastro en el anterior pacto, pero la novedad es que las fuerzas políticas se comprometen a plasmarla en el ordenamiento jurídico.
La iniciativa sirvió para poner nombre a una realidad histórica y que las víctimas identificaran y reconocieran la violencia económica
Algunos grupos han criticado que se hayan quedado fuera otras violencias. Efectivamente, se ha quedado fuera la violencia obstétrica y la institucional. Aunque contra esta última se actúa de manera preventiva fortaleciendo la formación de todos los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos de violencia contra las mujeres. Y la prostitución se ha quedado a un lado, porque debería ser objeto de un profundo debate social.
¿Está satisfecha de haber puesto en marcha la iniciativa legislativa, aunque todavía no se haya plasmado en una reforma legal? Sí, porque creo que vamos por el buen camino. Desde el inicio me di cuenta de que sirvió para activar la palanca de cambio al revelar algo negativo que había estado ahí desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que, con independencia de que se regulara o no, la iniciativa sirvió para poner nombre a una realidad histórica y que las víctimas identificaran y reconocieran la violencia económica. A partir de ahí, el siguiente paso es formar a los profesionales sobre qué es violencia económica y cómo abordarla. Y, el último paso ha sido el pacto, que lo vivo con ilusión y alegría al ver que la iniciativa legislativa puede dar forma al Código Penal.
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