La Justicia argentina suspende la privatización del Banco de la Nación que quería Milei
La Justicia argentina suspendió este martes el decreto del presidente, Javier Milei, dirigido a convertir el estatal Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima por considerar que «configura una maniobra encubierta e impropia de privatización» de la mayor entidad financiera del país. La razón está en que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Bases o Ley Ómnibus y que entró en vigor el 8 de agosto pasado, dejó claro que el Banco de la Nación no sería privatizado, al igual que otras empresas estratégicas estatales como Aerolíneas Argentinas e YPF.
Ante la imposibilidad de privatizar de forma directa estas empresas, Milei firmó el pasado 20 de febrero un decreto para convertir el Banco de la Nación en una sociedad anónima, en la que el Estado tendría un 99,9% de las acciones y la Fundación Banco Nación Argentina tendría el 0,1% restante. «Este decreto ratifica y profundiza la amenaza de privatización denunciada, en tanto constituye un paso decisivo en la conversión del BNA en una sociedad anónima, lo que implica la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado nacional, con las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que ello acarrea», explicó el juez federal Alejo Ramos Padilla en el fallo judicial al que tuvo acceso EFE.
El magistrado consideró que el decreto de Milei excedió las facultades que el Poder Legislativo delegó al Ejecutivo en la Ley Bases y «configura una maniobra encubierta e impropia de privatización del Banco de la Nación Argentina». «Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina (BNA) que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación», afirmó, por consiguiente, Padilla.
Demanda del sindicato Asociación Bancaria
La decisión del juez toma como base una demanda presentada el 11 de junio de 2024 por la Asociación Bancaria, sindicato del sector, que pedía la «nulidad e inconstitucionalidad» de una propuesta del propio banco sobre su eventual privatización realizada en aquella fecha. Después se discutió y aprobó la Ley Bases, que excluyó al Banco de la Nación de la privatización, por lo que Milei decidió firmar el decreto para la transformación de la sociedad.
El magistrado dio este martes un plazo de cinco días al Gobierno para presentar un informe que «dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de la medida cautelar efectuada». También remarcó que cualquier cambio en la estructura jurídica de la entidad financiera debe ser aprobado por el Parlamento y advirtió de que su transformación sería contraría a lo reglamentado en la Ley Bases.
El Estado había dispuesto ejercer sus derechos en la nueva sociedad a través del Ministerio de Economía junto a un capital social de 1,6 billones de pesos argentinos (1.485 millones de dólares al cambio actual). «Tal delegación tiene como límite infranqueable el mantenimiento de dichas entidades dentro de la órbita pública, y no habilita la conversión del BNA en una sociedad anónima, dado que esto lo sustrae del régimen de derecho público y lo coloca bajo la normativa de la Ley General de Sociedades», argumentó Padilla.
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