TRUCO DEUDA AUTONÓMICA | Los ingredientes secretos de la «fórmula mágica» de Montero para la quita de la deuda: aquí está el truco en el que Asturias pierde
Con independencia de que guste más o menos el resultado, hay que reconocerle a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habilidad a la hora de construir y justificar el criterio de la quita de deuda a las comunidades autónomas. Construir la “fórmula mágica” era difícil, máxime partiendo de un hecho: el resultado debería rondar los 16.000 millones en el caso de Cataluña. Además, la explicación no debería dar imagen de discrecionalidad y, al tiempo, tratar de contentar a casi todas las comunidades. Si, además, se introducía “el agua en casa” en el PP, quebrando la posición monolítica de los gobiernos autonómicos, miel sobre hojuelas. Para ello, el Ministerio de Hacienda tomó argumentos que las propias comunidades autónomas han empleado en numerosas ocasiones a la hora de quejarse por sus finanzas. Estos son los “ingredientes secretos” de la “fórmula mágica” de Montero, que ha empleado algunos “trucos” en la cocina para conseguir un brebaje con objetivos teledirigidos y, al tiempo, apetecible.
La falacia de la objetividad
“La metodología empleada es objetiva, transparente, de carácter técnico e igual para todas», destacaba la ministra Montero en la rueda de prensa en la que presentó las propuestas de quita de deuda para cada comunidad autónoma. Esa afirmación puede dar apariencia de que el criterio para asignar la condonación emana del éter, como si fuera algo aséptico, científico e inapelable. Pero que algo sea objetivo, transparente, técnico e idéntico para todos no elimina la discrecionalidad. Esta reside, precisamente, en la elección del criterio. ¿Si la medida empleada por Hacienda para restar deuda a las comunidades fuese la altura media de sus habitantes dejaría de ser un argumento objetivo, transparente y técnico? Podría considerarse inadecuado, injustificable o poco razonable.
Los problemas de partida
Para entender cómo Montero ha obtenido su receta hay que recordar cuáles han sido las quejas más habituales de las distintas comunidades autónomas y dónde han estado las reticencias para la operación de quita pactada inicialmente con ERC para Cataluña y extendida para todos los demás territorios. Antes de hacer el guiso, Montero tenía sobre la mesa un listado que bien podría ser este:
- Cataluña pide 15.000-16.000 millones que atribuye a la deuda que adquirió en los años de la recesión durante el gobierno de Rajoy: ese tiene que ser el argumentario principal.
- El PP de Andalucía, en el fragor de las declaraciones contrarias a la condonación a Cataluña ha dicho que ellos piden 17.000 millones.
- Hay cuatro comunidades que de manera reiterada sostienen que el sistema de financiación vigente las infrafinancia. Son Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía.
- Valencia tiene un serio problema de financiación, hasta el punto de que peligra la prestación de servicios porque el pago de su deuda asfixia a la Comunidad. Por ley, el Estado debe ser el garante último de esa prestación de servicios.
- No se puede primar de manera generalizada a las comunidades menos cumplidoras. Cuando vinieron mal dadas, no todas las comunidades se endeudaron igual: las hubo que fueron responsables y contuvieron el gasto, mientras que otras tiraron de deuda.
Hay que establecer una primera cifra; así empezamos
El Ministerio no ha ocultado los argumentos que le han llevado al criterio de reparto anunciado ayer. Partiendo de que el endeudamiento en los años de la crisis financiera debía ser fundamental, el Ministerio tomó cuánto creció la deuda de todas las comunidades entre los años 2009 y 2013. Para ello, evaluó cuánto creció la deuda autonómica en ese periodo de cuatro años.
Un criterio altamente político
Aquí, el Ministerio desliza un argumento de alto calado político bajo la siguiente tesis: el gobierno del PP no gestionó bien la crisis financiera porque apretó las tuercas de las autonomías al permitirles únicamente acudir a deuda con el Estado. En cambio, el “comprensivo” gobierno de Pedro Sánchez incrementó la financiación durante la pandemia y el incremento de inflación derivado de la guerra de Ucrania. Así que comparemos: la deuda de las comunidades entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 aumentó en 109.582 millones de euros. En cambio, también en cuatro años y en periodo de recesión, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, la deuda autonómica solo aumentó en 29.272 millones. ¿Por qué? Desde el punto de vista del Gobierno, porque el Ejecutivo central compensó a las comunidades con recursos del Estado en vez de dejarlas depender del endeudamiento. La diferencia entre los 109.582 millones y los 29.272 millones da la primera cantidad con la que empieza a jugar el Gobierno central: 80.310 millones de euros. Esa es la “cantidad inicial a condonar”, reconoce el Ministerio.
¿Qué pasa si esa cantidad se reparte equitativamente por población ajustada?
Es ahí donde empiezan los problemas. Pero antes debemos explicar qué es la “población ajustada”. Cuando se negocia la financiación autonómica, se fija un parámetro irreal que es el de la “población ajustada”. El coste de los servicios en un territorio depende, principalmente, del número de habitantes, pero no todos pesan igual. No es lo mismo el coste de cubrir las necesidades de sanidad, educación o derechos sociales de una persona de 35 años que de otra de 75. Tampoco es lo mismo prestar la atención sanitaria en un territorio con accesos fáciles a las infraestructuras sanitarias que en otro donde existe un grado de dispersión elevada. Por eso, en el mecanismo de la financiación autonómica se fija una “población virtual” de cada territorio que viene a compensar esas diferencias. Así, Asturias, que tiene de hecho 1.014.112 habitantes, según los datos válidos a fecha de 1 de enero de 2025. Sin embargo, el sistema de financiación autonómica otorga al Principado una “población ajustada” de 1.101.359 habitantes “virtuales” porque algunos requieren de más recursos que otros.
Si la cantidad de partida de 80.313 millones se repartiese según la población ajustada, todos los expertos económicos aplaudirían la oferta. Nadie saldría privilegiado y la asignación sería independiente de cómo gestionó cada comunidad su periodo de estrecheces contables en el periodo de crisis financiera del PP. Pero ahí está el problema. En ese caso, Cataluña obtendría 13.665 millones de euros, menos de los prometidos. Andalucía se quedaría con 15.012 millones, aún por encima de los catalanes. Pero Madrid conseguiría 11.525 millones, como la tercera comunidad más beneficiada. En cambio, la Comunidad Valenciana, insistente en su infrafinanciación y una de las comunidades más con el agua al cuello, solo lograría 8.955 millones de euros. Es a partir de aquí donde entra la maquinaria “técnica y objetiva” del Ministerio.
Limitar el peso de la población ajustada
La solución es reservarse un margen para asignar de manera discrecional parte del dinero. Para ello, el Ministerio establece que la población ajustada represente solo el 75% del reparto, lo que envuelve la decisión en la pátina de equitativa. Y se reserva un 25% para distribuir para compensar a las comunidades que se dicen peor financiadas por el sistema de financiación autonómica. El Ministerio reparte 60.232 millones de euros según la población ajustada y el resto (20.081 millones) los asigna por otro criterio que responda a distintas demandas sobre la mesa aún sin responder.
Entra el primer criterio arbitrario
El Ministerio distribuye en base a la población ajustada los 60.232 millones y comprueba que la media de quita de deuda representa el 19% de lo que debe cada comunidad autónoma. A algunas comunidades (las más endeudadas) les representa menos; a otras (las que recurrieron menos a la deuda en tiempos difíciles) les supone más. María Jesús Montero adopta una decisión que sí esconde “riesgo moral”, lo que los economistas entienden cuando no hay temor a tomar malas decisiones porque alguien vendrá a resolverlo, en este caso el Estado: ninguna quedará por debajo de ese 19% medio y para ello reparte el 25% restante hasta conseguir “elevar” la compensación de manera arbitraria a ciertas comunidades. Las que suben son, principalmente y como es lógico por las matemáticas, las más endeudadas. Así, Cataluña consigue aquí 6.371 millones de euros extra y Valencia, 4.493 millones. También suben Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. Para conseguirlo, el Ministerio incorpora 11.514 millones más de condonación. Aún le quedan 8.567 millones de euros en la mano.
El problema de la infrafinanciación.
Con este reparto surge otro problema. Cataluña se convierte en la comunidad que más dinero recibe, con 16.620 millones de euros. Esta cifra estaría dentro de los márgenes reclamados por ERC, pero en cambio, Andalucía se quedaría con 11.259 millones de euros, muy por debajo de los que habría esperado. Madrid, con 8.644 millones de euros seguiría siendo la tercera comunidad. El problema está en tratar de cumplir otro de los propósitos iniciales: que las comunidades autónomas que se consideran infrafinanciadas no se vean ahora, también agraviadas. Si la cantidad repartida se distribuye por población ajustada, la media de la condonación para el conjunto de los españoles sería de 1.630 euros por habitante, pero Murcia (1.615 euros por habitante), Castilla-La Mancha (1.447 euros por habitante) y Andalucía (1.368 euros por habitante) seguirían estando por debajo de la media.
Todos como Valencia
Para arreglar ese desbarajuste, el Ministerio introduce otro criterio totalmente arbitrario. Las comunidades que lamentan estar por debajo de la media en la financiación autonómica deberían tener un trato equivalente al de Valencia, que resulta la que consigue hasta ahora la mayor compensación por habitante ajustado. Por eso, se iguala esa media por habitante para Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, lo que exige incorporar a la quita 10.590 millones de euros.
Un empujón a Cataluña
Con ese ajuste, Cataluña quedaría un escalón por debajo de estas comunidades, con una quita por habitante ajustado de 2.220 euros, frente a los 2.284 que alcanzarían las comunidades que se dicen infrafinanciadas. Para compensar eso, Hacienda añade otro criterio: las comunidades autónomas cuya recaudación por el IRPF haya sido superior a la que teóricamente recaudarían sin haber sus potestades tributarias en el periodo de 2010 a 2022 logran una compensación extra. En el caso de Asturias, eso no sucede, porque aunque se subieron los tramos más elevados del IRPF en el año 2012, en los siguientes se produjeron compensaciones en el tramo autonómico que rebajaron la recaudación. Eso deja al Principado fuera de este ajuste, para enfado del gobierno autonómico, pero eleva a Cataluña para alcanzar la misma quita por habitante ajustado que la que correspondería a las “comunidades supuestamente infrafinanciadas”.
Pim, pam, púm, las cuentas salen
Con todo este ejercicio matemático, el Ministerio consigue sus objetivos. Cataluña recibe, dicho sea de paso, más de lo que esperaba; Andalucía también logra más de lo que desearía. Si el PP de Juanma Moreno no quiere esa cuantía, ya se encargará la propia María Jesús Montero de utilizarlo en la campaña electoral autonómica. Las comunidades quejosas de su infrafinancación son las que, artificiosamente, más reciben. Valencia y Murcia alivian su pesada deuda lo bastante como para entrar en parámetros de solvencia aceptables. Y el resto, puede aferrarse a que la mayoría del reparto va en función de la población ajustada, el criterio más ecuánime.
¿Contentar a todos? Imposible
El problema de la “fórmula mágica” de Montero es que es imposible contentar a todos, porque la idea de “riesgo moral” en la quita de deuda se mantiene siempre que haya diferencias en el reparto por población de la condonación. Es lo que ocurre con Asturias: la cifra de compensación es buena en términos limitados a la contabilidad asturiana (supone reducir un 36,8% su deuda) pero parece poco cuando se ve que otras comunidades logran mayor compensación pese a no haber ejercido una gestión contenida en los años de la crisis y haber recurrido al endeudamiento.
¿Objetivo, transparente, técnico? Sí, pero ¿justo?
Ese es el quid de la cuestión. El Ministerio de Hacienda ha conseguido conjugar, de aquella manera, los objetivos que se planteaban. Pero precisamente el problema de la “fórmula Montero” está en perseguir esos objetivos políticos más allá de los que se considerarían equitativos. La ministra de Hacienda consigue un guiso aceptable para la mayoría de los comensales, pero que comerían a regañadientes. Solo contenta, principalmente, a uno: el que había encargado el menú.
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