Las familias de los fallecidos en el incendio de Campanar acusan al juez de no querer investigar las «palmarias imprudencias» de los bomberos
Nuevo recurso de apelación contra las negativas del juez de Instrucción 9 de València a investigar hasta sus últimas consecuencias el incendio de Campanar en el que, hace ahora un año, murieron 10 personas -entre ellas bebés, de dos años y ocho días, hermanos entre sí, y una adolescente de 14 años- y más de un centenar se quedaron sin hogar. Y de nuevo son las familias de esas diez víctimas mortales quienes, en un tono cada vez duro, reprochan al magistrado no querer profundizar en «ninguna de las tres potentes líneas de investigación» que «no se están llevando a cabo por decisión» del juez, «con apoyo del fiscal, decisión que obviamente respetamos, pero no compartimos».
El escrito de apelación, el segundo en menos de una semana, obedece al rechazo del juez a varias diligencias solicitadas por las familias y rechazadas por el instructor, e incluye la solicitud urgente de ocho diligencias más, que casi con toda seguridad volverán a ser refutadas por el juez, lo que obligará a las familias, nuevamente, a recurrir ante la Audiencia de València, órgano superior que acumula una batería de recursos que resolverá de manera conjunta el próximo 13 de marzo.
En esta última apelación, el letrado Ignacio Grau, que representa a siete de las diez víctimas mortales, pone el acento en la responsabilidad del fabricante de los paneles que extendieron el fuego en menos de una hora a las dos torres del edificio y cuya composición (dos finas láminas de aluminio a modo de sándwich cuyo núcleo era de polietileno de baja intensidad, brutalmente inflamable) es una de las claves de por qué el incendio acabó en tragedia.
La nevera y los bomberos
Las otras dos grandes líneas de investigación, explica Grau en un escrito al que se adherirán las otras dos acusaciones particulares, ejercidas por los penalistas Miguel Ferrer y Manolo Mata, son la posible responsabilidad del fabricante de la nevera, la turca Beko, en cuya parte trasera concluye la Policía Científica que se inició el fuego a partir de una fuga de su gas refrigerante (isobutano, inflamable a temperatura ambiente), algo que, remarca Grau, «nadie ha investigado» ni querido investigar, más allá de consultar fuentes abiertas (la Policía), ya que el juez ni siquiera ha querido buscar a un experto (la Policía admitió que carecía de conocimientos para hacerlo) que pueda comparecer en la causa, y la «actuación de los bomberos de València durante la extinción y salvamento».
De estos últimos, el letrado afirma que «tampoco se quiere investigar por su señoría, de acuerdo con el fiscal, las más que PALMARIAS (sic) imprudencias», que desgrana en una retahíla: «Las órdenes dadas a los fallecidos para que se quedaran en sus casas, la pérdida de la ubicación de los confinados, los fallos del vehículo con escalera mecánica que se encontraba bajo del foco del incendio, la no utilización de la columna seca para la extinción del incendio, y patentes fallos de coordinación -hasta rechazaron el asesoramiento del conserje para la localización de los confinados- y una pésima valoración del incendio y su rápida propagación que debió aconsejar la rápida evacuación de todos los vecinos, habiendo demostrado los mandos del Cuerpo de Bomberos no conocer estos materiales ni la forma de propagarse, pese haberse reconocido en presencia judicial haber recibido formación sobre el incendio de Grenfell».
Se refiere Grau al fuego que en 2017 causó 72 muertos en la torre de ese nombre, ubicada en Londres, integrada por viviendas sociales y revestida en su fachada con exactamente los mismos materiales que la de Campanar: paneles de aluminio con la tecnología Larson PE, esto es, los que tienen el núcleo de polietileno, colocados con el sistema de fachada ventilada. Pese a ello, el material siguió utilizándose en España hasta 2019.
Dos incendios iguales, dos reacciones judiciales distintas
Y va más lejos. Añade en su recurso el otro gran incendio en territorio europeo de un edificio revestido con esas placas de aluminio con núcleo de polietileno, el que el 29 de agosto de 2021 destruyó por completo el rascacielos de 20 alturas bautizado como Torre dei Mori, en la periferia de Milán. En ese caso, ninguno de los moradores -70 familias vivían en el inmueble- sufrió lesiones graves gracias a que, coincidieron entonces todos los medios de comunicación italianos, los bomberos evacuaron a todo el mundo en los primeros minutos del siniestro, que comenzó prácticamente a la misma hora que el de Campanar: 17.35 horas.
En el caso de Milán, recuerda Grau en su recurso, al que se han adherido el resto de acusaciones, es relevante que sea una fiscal, figura que en Italia lleva el peso de la acción penal por lo que equivaldría al juez en España «haya imputado criminalmente por delitos imprudentes a los directivos de Alucoil, además de constructores, comercializadores, distribuidores, arquitectos, inspectores de bomberos que dieron el visto bueno al proyecto, etc. por haber callado sobre la peligrosidad del material de los paneles Larson PE bicapa con núcleo de polietileno, de la empresa española, personas que han sido llevadas a juicio».
Así, el eje central de este nuevo recurso es precisamente proponer al juez que siga los pasos de su colega italiana y que investigue no solo a la empresa burgalesa Alucoil, fabricante de los paneles colocados tanto en Campanar como en la Torre dei Mori, sino también a cuantas personas o empresas estuvieron implicadas en la fabricación e instalación de esos paneles en el caso del complejo residencial valenciano, algo que hasta ahora ha rechazado con el argumento, recuerda Grau, de que «como en 2005 dicho revestimiento era legal, ya no existe responsabilidad alguna, pues se ha cumplido con todos sus eventuales deberes legales, como si la seguridad o vida de las personas no tuviera ninguna norma que exigiera que sus productos deben permanecer seguros después de la venta u obtención de una licencia de obras».
La responsabilidad de la Generalitat
El abogado considera que los fabricantes conocían el peligro que entrañaban esos paneles y lo ocultaron, por lo que pide que se cite como investigado al representante de la empresa Alucoil, imputado ya en Italia, pero también al funcionario, en singular o en plural, de la conselleria responsable en materia de seguridad de productos, «y que debieron actuar de oficio tras ser conocido los incendios de Grenfell en Londres, Torre dei Mori en Milán o Torre Ámbar en Madrid, «para que, una vez identificado comparezca como investigado en esta causa para que se le pueda interrogar sobre sus acciones y omisiones».
Por último, también pide que se incorpore a la causa de Campanar la instruida en Milán, incluidos los informes técnicos y periciales, que se busque a peritos que puedan aclarar el uso y las características de esa solución constructiva de recubrimiento, que se lleve al juzgado a los responsables del organismo que certificó ese tipo de placas y, de nuevo, la inclusión, ya rechazada por juez y fiscal, del amplio informe de conclusiones que siguió a la exhaustiva investigación tras el incendio de Grenfell y que, entre otras, remarcaba «la falta de honradez sistemática de quienes fabricaron y vendieron los paneles de revestimiento impermeable y los productos aislantes».
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