Las constructoras de Cabueñes pidieron dos veces parar las obras del hospital y acudieron al juzgado
La UTE de la paralizada ampliación de Cabueñes pidió hasta en tres ocasiones modificar el proyecto de la obra y llegó a registrar dos solicitudes para suspender temporalmente los trabajos, la primera de ellas presentada en diciembre de 2023. Las constructoras, de hecho, llegaron a cursar al menos un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para forzar estas medidas, un trámite que fue admitido para su estudio el pasado mes de mayo. Fue a partir de ese momento, cuando las discrepancias entre las constructoras y la dirección facultativa de la obra empezaron a tensarse, con informes por parte de esta última que alertaban de una supuesta desobediencia de sus indicaciones, retrasos e incluso mala ejecución de partes ya hechas. Salud acusa a las constructoras de haberles presentado un «incesante, desproporcionado e ilógico número de quejas para una UTE compuesta por empresas de reconocida solvencia». Ayer mismo Concepción Saavedra, consejera de Salud, señaló que la idea de reclamar daños y perjuicios sigue sobre la mesa.
El desglose de las desavenencias entre la UTE y el Principado figuran en un nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación del sector público autonómico durante 2023. En su edición del año anterior, el síndico mayor ya alertaba de que no se veía acreditado un sistema eficaz para supervisar esta actuación y el nuevo informe, aunque admite que «con carácter general se aprecia un esfuerzo de la Administración contratante por ejercer el control» de la obra, dictamina que ésta «no alcanza el nivel de eficacia» requerido.
La Sindicatura hace un repaso cronológico de la polémica. Las obras de ampliación de Cabueñes, iniciadas en verano de 2022 con un plazo de 29 meses y 79 millones de presupuesto, comenzaron ya con incidencias, pero menores: un aljibe y un árbol centenario protegido retrasaron los primeros meses de movimiento de tierras. Se aprobó así la única prórroga que tuvo la obra, que fue de 125 días, y que marcaba el fin de la ampliación en mayo de este año. Con esa revisión, se actualizaron también los «hitos» exigidos a la UTE, esto es, plazos que tenía para terminar subfases de obra, y que se quedaron en gran medida incumplidos.
La Sindicatura reconoce que este retraso «viene siendo puesto de manifiesto ante el órgano de contratación» tanto por la dirección facultativa como por la jefatura de servicio de obras, y que «es achacado por ambos al contratista». Constan informes «de advertencia» sobre estos incumplimientos desde septiembre de 2023, pero la tensión entre adjudicataria y dirección facultativa se hace del todo evidente a partir de mayo del año pasado. En ese mes ocurrieron tres incidentes. Por un lado, la dirección facultativa emitió uno de sus informes críticos con la UTE diciendo, esta vez, que se había incumplido el hito de terminar con la estructura básica del edificio de ampliación, una fase clave del contrato. Por otro, se admitió un recurso contencioso interpuesto por la UTE contra la desestimación de su petición de suspender temporalmente las obras, lo que indicaba ya que la constructora no confiaba en llegar a acuerdos con el Principado. Y, por último, la UTE presentó también en mayo dos solicitudes de modificado del proyecto que fueron desestimados. Lo volvería a pedir una tercera vez en octubre, con otro «no» como respuesta, desplomándose ya de manera definitiva a partir de entonces el ritmo de los trabajos.
Una penalidad millonaria
A partir de mayo, además, la UTE «manifiesta asimismo discrepancias y disconformidades» con la dirección facultativa, a quien acusa de no poner a su disposición parcelas y de pedir derribar cargaderos supuestamente mal ejecutados, entre otros. Todas las quejas fueron rechazadas por la dirección facultativa y por el jefe de servicio de Obras de la Consejería. En julio del año pasado la tensión vuelve a crecer a raíz de un informe de la dirección que acusa a la UTE de una mala ejecución de distintas unidades de obra y de «incumplir» de manea «reiterada» sus órdenes, algo que tipifica como una falta «muy grave» y, por tanto, susceptible de expediente. Se pregunta la Sindicatura por qué estos supuestos incumplimientos, que deberían tramitarse con una penalidad por incumplimiento defectuoso del contrato, no se llegaron a enmendar. Explica que, de acuerdo a la ley, la UTE podría haber afrontado una multa de 4,9 millones de euros, el 7,5 por ciento del precio del contrato. En alegaciones, la Consejería de Salud señala que la decisión finalmente tomada fue anular la relación contractual. Antes habían aplicado una penalización de 2,7 millones por los primeros retrasos.
La paralización de las obras del hospital, por lo tanto, se motivó en gran parte por la falta de entendimiento entre la UTE y la dirección facultativa, y Salud, en sus alegaciones ante la Sindicatura, defiende sin ambages la labor de esta última. Asegura que «en todo momento» dio instrucciones sobre «todas las cuestiones técnicas» que planteaban las constructoras y que aportaba «soluciones técnicas que no requerían de los modificados ni de las suspensiones que exigía la adjudicataria».
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