«Este no es un juicio político», advirtió el juez José Neyra Flores cuando el expresidente peruano, Pedro Castillo intentó cuestionar no solo el proceso en su contra sino la destitución por parte del Congreso, el 7 de diciembre de 2022, cuando el maestro rural que había asumido las riendas del Ejecutivo en julio de 2021 intentó disolverlo. «La imparcialidad está asegurada», añadió Flores, frente a la incredulidad del acusado. Ya había calificado de «farsa» la situación judicial que enfrenta. El proceso tiene lugar en un delicado momento político: Dina Boluarte, la impopular mandataria provisional, acaba de denunciar ser objeto de un intento de golpe de Estado en su contra en el que casi nadie cree. Castillo, quien cumple prisión preventiva en los penales de Barbadillo en Ate y Anexo de Mujeres de Chorrillos, respectivamente, ha sido llevado a juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El fiscal Alcides Chinchay ha pedido una pena de 34 años de cárcel.