El Supremo de EEUU rechaza el intento de Trump de bloquear 2.000 millones de dólares en ayuda exterior
El Tribunal Supremo de EEUU rechazó este miércoles el intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear el pago de 2.000 millones de dólares destinados a organizaciones de ayuda internacional por trabajos ya realizados para el Gobierno.
El fallo supone un revés para Trump, quien, desde que volvió al poder el 20 de enero, ha tomado medidas para frenar proyectos humanitarios estadounidenses en todo el mundo, llegando incluso a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
El Supremo, con mayoría conservadora, decidió mantener la decisión del juez del Distrito de Columbia, Amir Ali, quien ordenó a la Administración liberar de inmediato los fondos para organizaciones que se habían beneficiado de subvenciones de USAID o del Departamento de Estado. La orden de Ali había dado originalmente a la Administración hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, que ascienden a casi 2.000 millones de dólares.
Suspensión temporal
El mismo 26 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, suspendió temporalmente la orden horas antes de la fecha límite para que el alto tribunal tuviera más tiempo de considerar la petición formal de la Administración de bloquear el fallo de Ali. Finalmente, este miércoles emitió su veredicto.
No obstante, el caso aún no ha concluido. El Tribunal Supremo ha pedido a Ali que aclare qué obligaciones tiene el Ejecutivo de Trump para ejecutar su fallo. Los siguientes pasos se decidirán en una audiencia judicial que Ali tiene prevista para el jueves.
Trump, que llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner a «Estados Unidos primero», ordenó en su primer día en el poder, el 20 de enero, suspender durante 90 días toda la ayuda exterior, lo que ha impedido la provisión de atención médica vital en muchas partes del mundo.
Muchas organizaciones humanitarias consideran que Trump está excediendo su autoridad bajo la Constitución, ya que es el Congreso quien tiene el poder de decidir sobre los fondos, no el presidente.
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