INESTABILIDAD PARLAMENTARIA | El Gobierno busca atar a Junts a la legislatura con un largo trámite ordinario de la ley de inmigración
El Gobierno sigue viendo lejos la aprobación de unos nuevos Presupuestos. El pacto con Junts para delegar a Cataluña las competencias en inmigración no es suficiente para sentarse a abordar esta carpeta, como se están encargando de resaltar los posconvergentes. Sin embargo, para los socialistas es una oportunidad por la que elevan sus expectativas de cara a sujetar la legislatura. Al contrario que con la ley de amnistía, PSOE y Junts han acordado una tramitación ordinaria de la ley que registraron conjuntamente en el Congreso. Un largo camino hasta su aprobación, siempre que se reúna la mayoría absoluta necesaria para una ley orgánica, en el que Junts dependerá de la continuidad del Gobierno para materializar este compromiso. En el Ejecutivo confían así en reducir la inestabilidad, aun sin nuevas cuentas, tras un paso que, dicen, “demuestra que es posible llegar a acuerdos”.
La ley de amnistía, a pesar de seguir un procedimiento de urgencia para recortar plazos, en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, se registró el 13 de noviembre de 2023 y no se aprobó definitivamente en el Congreso hasta el 30 de mayo del año siguiente. Como entonces, el PP parece dispuesto a usar todos sus frenos en el Senado ante una norma que también considera inconstitucional. A ello se suma el rechazo de Podemos, con quienes Junts ha mostrado disposición a negociar, lo que puede dilatar todavía más el procedimiento, al retrasar los tiempos para el debate de totalidad o congelar la aprobación del dictamen en comisión. Un proceso con fecha de inicio pero no de finalización en el que Junts estaría más atado a la legislatura.
Los socialistas defienden que en esta ocasión no se utilizará el recurrido procedimiento de urgencia porque no se ha acordado. De hacerlo, se hubiera reflejado ya en el texto pactado, según sostienen. Junts sí lo exigió para la ley de amnistía, pero ahora se asume el trámite ordinario. Los posconvergentes buscan impulsar en el Parlament otra serie de cambios legislativos para dar fuerza a la delegación de competencias, como asegurar el conocimiento de catalán de los extranjeros cuando se les conceda un permiso de residencia.
En el tramo final para desbloquear la ley de inmigración, los socialistas ya evitan asociar a este acuerdo la posibilidad de tener Presupuestos. Tras cerrarlo, se sigue eludiendo el compromiso de presentarlos si no se tienen los apoyos garantizados, como se había defendido en un principio. “La complejidad no ha cambiado”, reconocía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sobre el horizonte de tener unas nuevas cuentas públicas. Se limitaba así a asegurar que se mantiene la “voluntad” de intentar aprobarlos.
En lo que se muestran más confiados los socialistas es en recomponer la relación con Junts. Con la ley de inmigración en el horizonte, como en su momento con la medida de gracia, aumenta la seguridad de que enfrente no hay alternativa y que Junts no forzará un adelanto electoral o cambio de Gobierno con PP y Vox. Sin poder institucional ni en la Generalitat ni en ninguna de las grandes ciudades, su principal palanca política sigue siendo la influencia de sus siete votos imprescindibles para Sánchez en el Congreso.
El ‘expresident’ Carles Puigdemont rechazó mezclar la carpeta de los Presupuestos con este acuerdo para la delegación de competencias en inmigración, pero sí concedió que la desconfianza de Junts hacia el PSOE había “disminuido”. «No está restaurada del todo», advirtió, aun apuntando que se habían dado «pasos importantes en esta dirección».
Carpetas pendientes
Desde esta premisa, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ponía como condición para negociar los Presupuestos que se garantice la ejecución de las inversiones pendientes -”un cheque con el dinero no invertido”-, que el catalán sea reconocido como lengua oficial en las instituciones europeas y la aplicación de lo que denominan “amnistía política”. Esto es, el reconocimiento de Carles Puigdemont como interlocutor directo de Pedro Sánchez, con un encuentro entre ambos.
El Gobierno se dio de plazo este primer trimestre para aprobar los Presupuestos de 2025, por lo que por cuestión de tiempos sería improbable materializar estas cesiones. Más allá de esta fecha, se superaría la barrera de aprobar unas cuentas para menos de medio año, teniendo en cuenta los tiempos para la tramitación y el retraso añadido por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Además, en el Ejecutivo insisten en que la oficialidad del catalán en las instituciones europeas no está solo en su mano, al depender de un cambio en el reglamento que precisa de unanimidad de todos los países miembros. Pese a todo, en el Gobierno aseguran que no se resignan a tirar la toalla para mirar ya a los Presupuestos del próximo año.
Equilibrios con ERC
Con una mayoría dependiente de un heterogéneo bloque de partidos y en competición entre sí, como es el caso de Junts y ERC, en el Ejecutivo intenta atar la legislatura equilibrando las cesiones a los independentistas. Antes de cerrar el acuerdo para la delegación de competencias en inmigración con Junts, los socialistas avanzaron en compromisos de investidura firmados con el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Primero, con el impulso al traspaso de Rodalies, mediante el acuerdo para la creación de la empresa pública que presidirá la Generalitat. Después, con el pacto para la condonación parcial de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que el caso de Cataluña se elevará por encima de los 17.000 millones de euros. Los negociadores del PSOE reconocen que la pugna entre ambos partidos, como “rivales íntimos”, lo que obliga a hacer equilibrios. Un reparto de banderas desde la lógica de no favorecer a unos aliados sobre otros.
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