Las comunidades autónomas (CC AA) asignaron en 2024 más de 100,000 millones de euros para cubrir el costo de sus empleados públicos, lo que ha significado un nuevo récord que, por otro lado, excede año tras año. El año pasado, el capítulo dedicado a los salarios y los salarios, en ausencia de cierre definitivo, será de alrededor de 105,000 millones de euros y, por segundo año consecutivo, excederá la cifra psicológica, sin la mayor relevancia económica, de los 100,000 millones. Los gobiernos autónomos, hasta noviembre de 2024, gastaron un total de 94,825 millones de euros para pagar a sus oficiales de personal, contratados, intermedios, laboristas, etc., de acuerdo con los datos de la intervención general del estado (IGAE).

En el mismo período de 2023, el gasto para el mismo concepto fue de 89,274 millones, una cantidad que al final del año alcanzó hasta 101,916 millones, siempre según las mismas fuentes oficiales. Es decir, en diciembre de 2023, el costo del personal de las administraciones regionales fue de alrededor de 12,000 millones. Eso significa que en el último mes de 2024, las nóminas de la CCAA crecieron un mínimo similar, en el mejor de los mejores casos, será más alto al final, lo que significa que el gasto anual en salarios y salarios se habrá ubicado por encima de 105,000 millones de euros. La aritmética, como el algodón, no miente.

Las regiones de las regiones son, más o menos, 3.5 veces más altas que las de la Administración Central del Estado (AGE), también de acuerdo con los registros oficiales de la IGAE y también representan más del 62% de todo el capítulo de salarios y salarios de todas las administraciones públicas. En 2023, por ejemplo, en ausencia del cierre de 2024, que no altera los porcentajes, el conjunto de administraciones asignó 163,373 millones para remunerar al personal, de diferente naturaleza, que había contratado. De esa cifra, 101,916, correspondía a las autonomías, 29,626 millones para las administraciones locales, ayudando y adaptaciones, especialmente, 28.781 a la Administración Central y 2,960 al personal correspondiente al Seguro Social.

En 2024, según los datos de IGAE hasta noviembre, la relación es más o menos la misma, aunque algo más ha sido desequilibrado hacia el costo respaldado por las administraciones autónomas que, por otro lado, respaldan los gastos, sobre todo, de la salud y la educación, con todos sus empleados. De hecho, el personal autónomo depende directamente de 1.85 millones, en comparación con 599,532 empleados de corporaciones locales y los 529,565 de la administración central, según los datos del último boletín del personal del servicio público estatal.

El aumento continuo en el gasto de personal AA, en cierta medida lógico, en la medida en que asumieron los poderes estatales, no ha sido compensado con una reducción en los costos del mismo concepto de la administración central. Nuevamente, los datos son abrumadores. En 2015, por tomar como referencia hace diez años, las comunidades dedicaron 71,375 millones de euros para devolver a sus empleados. Ese mismo año, el estado dedicó 23.607 millones a satisfacer sus necesidades de trabajo. Una década más tarde, ambas figuras han crecido, aunque es cierto que, en mayor medida, lo autónomo que el estado que, en última instancia, podría estar justificado por las actualizaciones de las tablas salarias, aunque no en el número de tropas, lo que ha seguido aumentando, lo que ha permitido, de alguna manera, contribuir a que las cifras de no implementación son más bajas.

La radiografía laboral del sector de las diferentes administraciones públicas españolas tampoco presenta grandes secretos, tanto desde el punto de vista numérico como desde los costos. Responde, con algunos matices, al peso en la economía nacional y, sobre todo, a la población. Por lo tanto, en 2024, y siempre hasta noviembre, no hay datos posteriores, Andalusia, con 16.042 millones, es el que más gasta en salarios y salarios de los empleados públicos. Es seguido por Cataluña, con 15,855 millones y, ya muy distancia, Madrid, con 10,862 millones. La administración autónoma que gasta menos en este concepto en términos absolutos, mantenidos en relación con el tamaño de su economía, es La Rioja, con 762 millones, mientras que en la comunidad valenciana ese capítulo alcanza 9,392 millones y en el país vasco a 6,002 millones. En conclusión, CC AA son los grandes empleadores públicos del país y, en 2024, aumentaron ese capítulo en más del 6%, muy por encima, por ejemplo, de la inflación y también del crecimiento de la economía. Son datos asépticos, aislados de mayores interpretaciones.