La paradoja del caballo muerto en la política española
En la política actual española, la paradoja del caballo muerto se refleja en la persistencia de estructuras institucionales disfuncionales que, pese a haber perdido su utilidad, siguen en pie debido a la inercia y a mecanismos de autopreservación. Esta metáfora, inspirada en la sabiduría Dakota, pone en evidencia la incapacidad del sistema para adaptarse a los cambios profundos que han tenido lugar desde la Transición.
El modelo de gobernanza en España se diseñó en un contexto muy distinto al actual, con el objetivo prioritario de garantizar la estabilidad tras la dictadura. Sin embargo, los cambios sociales, económicos y tecnológicos han evidenciado su obsolescencia. La estructura territorial sigue siendo un foco permanente de tensiones: el Estado autonómico, definido de manera ambigua, oscila entre las aspiraciones independentistas y las demandas de igualdad territorial, lo que dificulta cualquier intento de reforma.
Al mismo tiempo, el sistema electoral, pensado para garantizar la estabilidad gubernamental más que para asegurar la representatividad, ha dado lugar a un Parlamento subordinado al poder ejecutivo, reduciendo la diversidad política a bloques artificialmente homogéneos.
Otro síntoma de esta rigidez es la creciente judicialización de la política, un fenómeno que ha convertido a los tribunales en árbitros de disputas esencialmente políticas. Esta tendencia erosiona la independencia judicial y limita la capacidad de los actores políticos para resolver conflictos mediante el debate y la negociación.
La resistencia al cambio no es una casualidad, sino el resultado de estrategias bien calculadas. La captura regulatoria impide la renovación institucional al promover reformas que, en lugar de solucionar problemas, refuerzan el statu quo. Además, se emplea un uso selectivo de comparaciones internacionales para justificar ineficiencias propias, mientras que la sacralización de los consensos de la Transición bloquea cualquier intento de actualización del marco constitucional.
Las consecuencias de este inmovilismo son cada vez más evidentes. La política española sufre un déficit de rendimiento que impide afrontar desafíos estructurales como la regeneración democrática, la sostenibilidad fiscal del Estado del bienestar o la transición ecológica. La crisis de intermediación ha debilitado la capacidad de las instituciones para canalizar las demandas ciudadanas, favoreciendo el auge de movimientos antisistema.
A esto se suma la creciente deslegitimación del proceso político, no solo por sus resultados, sino también por sus procedimientos, lo que genera una pérdida de confianza generalizada. Además, el inmovilismo traslada los costes políticos y económicos a las futuras generaciones, hipotecando el futuro en nombre de una estabilidad inmediata.
Ante esta situación, la solución no pasa por simples ajustes, sino por una transformación profunda del modelo institucional. La democracia española debe evolucionar hacia un constitucionalismo dialógico, que permita actualizar la Constitución sin caer en la disyuntiva entre inmovilismo y reforma radical.
La gobernanza debe avanzar hacia un modelo de responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno, dejando atrás la rigidez competencial que genera constantes enfrentamientos. Al mismo tiempo, la representación política debe reflejar la diversidad ideológica y funcional de la sociedad, evitando que el sistema electoral siga limitando la pluralidad política.
España debe apostar también por el experimentalismo democrático, con mecanismos que permitan probar, evaluar y consolidar nuevas formas de participación ciudadana.
Adaptarse no significa romper con el pasado, sino encontrar la forma de preservar los principios democráticos en un contexto cambiante. Mantener estructuras caducas en nombre de la estabilidad histórica solo perpetúa los problemas. Como advertía Ortega y Gasset, el mayor peligro no es lo que sucede, sino lo que deja de suceder. Ha llegado el momento de asumir que la resistencia al cambio es, en sí misma, el principal obstáculo para el progreso democrático en España.
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