El Estado se ve obligado a encajar un gasto medio de 1.000 millones cada año por sentencias contrarias
Las resoluciones judiciales desfavorables para el Estado suponen un coste medio de unos 1.000 millones de euros cada año y supera ligeramente los 10.000 millones en el periodo entre 2014 y 2023, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Además, de cara a futuros ejercicios, la Cuenta General del Estado recoge riesgos que, de forma orientativa, se sitúan por encima de los 12.000 millones de euros.
En su ‘Opinión sobre riesgos fiscales’ publicada este jueves, la Airef advierte sobre «la importancia cuantitativa de estos litigios» en las cuentas públicas y, entre sus recomendaciones, se propone que el Estado mejore su técnica legislativa (para evitar recursos en contra), minimizar su impacto (mediante la anticipación de sentencias firmes) y mejorar la transparencia.
Los riesgos ambientales imprevistos entre 2005 y 2023 han sumado algo más de 47.000 millones
El informe publicado este jueves busca llamar la atención sobre el impacto en las cuentas públicas que acaban teniendo diferentes riesgos como los de tipo macroeconómico (por ejemplo, si las previsiones de crecimiento se quiebran por una subida de tipos de interés inesperada), ambientales (covid, dana, inundaciones, terremotos o volcanes) o de acciones legales contra el Estado (sentencias en contra).
Según los cálculos de la Airef, la materialización de los riesgos medioambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia a precios del año 2023, habría sido aproximadamente de 47.157 millones de euros. El cálculo no incorpora aún eventos más recientes, como el de la dana de Valencia, desde octubre de 2024. El organismo que preside Cristina Herrero plantea «mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de sus costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación».
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