El Estado y la banca comienzan a prepararse para aumentar el crédito a defensa y seguridad
El golpe propinado por Donald Trump al tablero geopolítico mundial está teniendo consecuencias inimaginables hasta hace bien poco en innumerables frentes. Uno de ellos es la financiación que los bancos españoles y europeos destinan a las empresas y proyectos de defensa y seguridad, un área a la que desde hace décadas se le aplicaba una cierta sordina, tanto desde los poderes públicos como desde el sector. El escenario, con todo, ha cambiado de forma radical con el plan para «rearmar» a la UE ante la pérdida virtual del escudo militar estadounidense. En el marco de ese proyecto comunitario, la necesidad de aumentar el flujo de crédito a seguridad y defensa se ha convertido en una prioridad asumida por el Estado y la banca española, que están comenzando analizar cómo se puede canalizar esa financiación desde el punto de vista tanto regulatorio como reputacional.
En unas jornadas organizadas por la patronal bancaria AEB este viernes, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dado buena prueba de ello. El alto funcionario, así, ha destacado que el crédito destinado en España específicamente a la fabricación de armamento y munición no ha superado en ningún momento el 0,1% del crédito bancario total durante las últimas dos décadas. «Es necesario valorar si el actual marco regulatorio y supervisor ofrece los incentivos adecuados para movilizar la financiación bancaria hacia este tipo de inversiones, y analizar cómo el sector bancario podría desempeñar un papel más activo en este ámbito estratégico», ha defendido.
Escrivá, en esta línea, ha subrayado que el compromiso europeo de reforzar sus capacidades de defensa plantea «retos importantes» tanto desde la perspectiva de la financiación pública como desde la privada. Por el lado de la administración, alcanzar los objetivos propuestos de incremento del gasto militar requerirá «esfuerzos presupuestarios adicionales considerables». Y desde la perspectiva privada, la financiación bancaria al sector de la defensa presenta «niveles muy reducidos». De ahí la necesidad de revisar el marco regulatorio y supervisor: «Este tipo de inversiones presenta características específicas, como elevados niveles de incertidumbre, estrictas exigencias normativas y largos ciclos de desarrollo tecnológico, rasgos compartidos con otras inversiones de largo plazo».
Regulación y reputación
La supervisión y la regulación bancaria dependen y se deciden en su mayor parte a escala europea, de ahí que el marco de esa revisión que plantea Escrivá deba ser también necesariamente comunitario. Distintas fuentes bancarias confirman que el asunto ha pasado a ser una prioridad en su debate interno y con las autoridades, si bien las conversaciones todavía se encuentran en una fase muy inicial e informal. En este sentido, apuntan que la regulación podría incentivar de forma más proactiva la financiación de la defensa y seguridad. En cualquier caso, matizan que, tras una revisión preliminar, los posibles obstáculos regulatorios no parecen particularmente relevantes ni suponen una dificultad excepcional para aumentar el crédito a estos sectores.
La clave, se subraya desde el sector, es el aspecto reputacional y de los requisitos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés). Los bancos, así, afrontan desde hace años campañas en contra por la financiación que destinan a empresas ligadas con la industria militar. Es habitual, por ejemplo, que movimientos sociales acudan a sus juntas de accionistas para protestar por la financiación que presentan a estos sectores. La banca, en este sentido, espera que las autoridades, tanto españolas como comunitarias, fijen un marco que defina el sector de la defensa y seguridad como estratégico y apoyen públicamente el aumento del crédito que recibe, siempre respetando los límites fijados por la ONU sobre qué es lícito financiar y qué no lo es.
Simplificar la normativa
Este debate sobre el aumento del crédito a la defensa y seguridad, además, se imbrica en otro más amplio que viene manteniéndose a nivel europeo sobre la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a la regulación bancaria comunitaria para lograr un incremento de la financiación destinada a elevar la autonomía estratégica de la UE. A ello se ha referido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las mismas jornadas de la AEB: «La regulación prudencial, el marco supervisor de la Unión Bancaria, han sido efectivos en estas primeras etapas a la hora de asegurar resiliencia. Pero hay que ir más allá, la eficacia de este marco tiene que ser compatible con los avances que quedan pendientes».
El ministro, en esta línea, ha defendido «identificar aspectos susceptibles de simplificación sin por ello comprometer la estabilidad del sistema», así como «reducir la carga administrativa de los bancos, al igual que para el resto del sistema productivo». El Informe Draghi, ha recordado, apuntó que la UE necesitaba invertir unos 800.000 millones de euros al año, el equivalente al 5% del PIB comunitario, cuando el presupuesto de la unión apenas supone el 1-1,1%. Y además, «estas estimaciones iniciales se están quedando cortas ante el reto incrementado que tenemos las últimas semanas en materia de seguridad y defensa».
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí