Nueva bofetada con una mano abierta a pequeñas y medianas empresas de María Jesús Montero, quien ha rechazado nuevamente que los precios de los contratos públicos se revisen a nivel del SMI o el IPC aumentan, con la excusa de que quiere evitar una «espiral inflacionista». De esta manera, rechaza cualquier posibilidad de que se realice una revisión de precios generalizada, centrándose en las PYME para asumir unidireccionalmente el aumento de la mano de obra, los negocios y los insumos sin compensación pública. «No compartimos que haya una deduxación de estos contratos públicos». Por lo tanto, el Ministro de Finanzas ha resuelto cualquier posibilidad después de responder la pregunta del Diputado de PNV Idoia Sagastizabal en la sesión de control del gobierno.

Sagastizabal ha afirmado que la revisión de los contratos ya cerrados con la administración está permitida antes del aumento en el costo de las contribuciones sociales debido al aumento en el salario mínimo, ya que las empresas no podrían prevenir al momento de presentar a las ofertas. «Esto perjudica la calidad de los servicios públicos y pone en riesgo el empleo», especialmente los autos empleados, las PYME y las empresas con «plantillas en su mayoría femeninas, compañías de inserción o centros de empleo», dijo el diputado del PNV, quien ha indicado que la mayoría de estos contratos son sectores como la limpieza o el cuidado del hogar, en el que el trabajo principal es el costo principal.

Estos costos que no han podido tener en cuenta en sus balances desde que se presentaron las ofertas y, por lo tanto, «los ganadores no podrán asumir:» Sagastizabal dijo, a lo que Montero ha respondido considerablemente que las empresas van a esas competiciones «sabiendo de antemano» que estos se desarrollarán por un tiempo y que puede haber «fluctuaciones» con el costo de que estos servicios pueden tener, tanto en términos de personas como materias primas. Por lo tanto, rechaza que se aplica una indexación automática de los contratos públicos un movimiento hiperinflacionista que genera «efectos de segunda ronda». Como defendió, la mejora de las condiciones de vida debe ser una política «asumida por todos los sectores», tanto públicos como privados.

La ley de contratos públicos no permite que la administración actualice los precios originales automáticamente, aunque podría hacerlo individualmente, lo que ha causado que el infinito de las licitaciones de contratación pública haya estado abandonadas o muchas PYME han decidido la resolución temprana de los contratos de acuerdo mutuo para evitar infracciones, lo que también habría generado sanciones económicas. Por lo tanto, Montero se acepta juntos de que la ley de decindexación limita el precio de los contratos con la administración pública para la provisión de servicios. Sin embargo, aunque las fuentes ministeriales consultadas por la razón reconocen que los contratos que podrían indexarse ​​dentro de la legalidad serían los multianuales de los servicios intensivos en mano de obra, a los que el SMI afecta, o en ciertos casos excepcionales, como en los contratos para el suministro de equipos para administraciones públicas, suministros de energía o contratos de más de cinco años. Por lo demás, las leyes de desindxación y contratos del sector público deberían estar reformando.

Las fuentes comerciales colocan el monto de la no indexación de los contratos públicos entre 500 y 700 millones de euros, solo con respecto al aumento de SMI, sin contar otros costos adjuntos. Una cantidad que, no actualizada, impedirá que los «empresarios y autoempleados con estos contratos tengan un impacto en el aumento del salario mínimo de sus contratos y tengan que asumirlos ellos mismos, como es el caso con el aumento de otros costos», explicaron a este periódico. El volumen total de contratación del sector público se inclinó en un monto anual de aproximadamente 100,000 millones de euros, de los cuales el 40% correspondería a los servicios de contratación y el 7% a las concesiones de servicio. La propia Hacienda reconoció en su informe de supervisión anual 2023 una estimación de la OCDE sobre el volumen de licitaciones públicas del 11.52% del PIB.

En este sentido, el vicepresidente de CEO y presidente de ATA, Lorenzo Amor, recuerda que una PYME que sirve a un Consejo de la Ciudad «ha visto cómo en los últimos cinco años el SMI de sus trabajadores ha aumentado el 54%, pero lo que una administración le paga lo ha hecho en el 0% y muchos se van a las pérdidas», con los agravantes que estos contratos no pueden romperse «porque ellos lo han hecho con una competencia con la competencia», «» «,» con los agravantes «. En su opinión, el gobierno «debería haber lanzado una mesa de negociación».

Y los empresarios no están solos en esta lucha, ya que la mayoría de los partidos, incluidos los socios habituales del ejecutivo e incluso la parte del resumen, se han posicionado a favor de los empresarios. El segundo vicepresidente y ministro de trabajo, Yolanda Díaz, apoya la indexación «porque es justicia» e incluso su asociación comercial cercana, Conpymes, ha demostrado su rechazo de que esta demanda será ignorada.

En el Congreso, Sagastizabal le ha recordado que el gobierno lo ha hecho cuando quería, como en el caso de Muface, la contratación que ha aumentado el presupuesto para la licitación para la atención médica de los funcionarios. Montero ha respondido que en este caso es un nuevo contrato que se ofrece y «puede traer un aumento que incluso parece excesivamente alto». El ministro explicó que, en este caso, el contrato había terminado y era necesario presentarlo nuevamente, por lo que la oferta a las aseguradoras era nueva.