La carga sobre regulación y la presión fiscal han convertido la actividad comercial en un infierno burocrático, que ha transformado el exceso de prohibiciones y el aumento de los impuestos y las citas en un lastre para el emprendimiento y el desarrollo comercial en España. Estos obstáculos ya tienen un impacto cercano al 3.5% del PIB, mientras que la fragmentación regulatoria regional tiene otro impacto similar: del 3.5% del PIB, y el costo global del exceso regulatorio y la presión fiscal ha reducido la capacidad económica de los hogares y las empresas en 230,000 millones.

Las regulaciones obligatorias para las empresas españolas han provocado más del 1,000%, de 14 estándares en 2012 a los más de 180 del último año completo. Se tienen en cuenta un porcentaje que aumenta en un 1,600% si las recomendaciones sobre los estándares de conducta comercial, con 13 en 2012, frente a más de 200 en 2022, se tienen en cuenta. Este tsunami regulatorio está hundiendo la capacidad de inversión de las empresas, desalentando la creación de sociedades y ahogando sus recursos, especialmente en el caso de las PYME, que representan el 98% de la tela de negocios española. Esto es señalado por el Consejo General de Economistas (CGE), que ha criticado que la administración es inflexible y requiere el cumplimiento de las regulaciones a las empresas bajo la amenaza de grandes sanciones, aunque «está exenta del informe de información cuando es precisamente este quien debería servir como ejemplo para el resto de los actores».

En total, el costo de esta hiperregulación para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90,000 millones de euros, una cifra equivalente a 4,660 euros para cada PYME y eso hará que España pierda hasta 100,000 empleos en la próxima década para la acumulación de «nuevas requisitos, restricciones, y recuerdo regulatorios», según el estudio «Asphyxiation» por el Juan de Juan de Juan de Juan.

El segundo de los obstáculos para el desarrollo empresarial es la creciente presión fiscal. Según el indicador fiscal de la Comisión Europea aplicada por analistas del Instituto Juan de Mariana, la carga fiscal en España ha aumentado en 127,744 millones de euros en términos nominales. Con una población de 48.6 millones de habitantes y 19.3 millones de hogares, el aumento de la carga fiscal desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa es equivalente a un pago adicional de 2,627 euros por persona o descontando la inflación, un esfuerzo de 1,223 euros, en términos reales. Distribuyendo el aumento de la colección entre el número de hogares, la subida sería equivalente a 6.614 euros.

Entre el Tesoro y el Seguro Social, han recaudado alrededor de 140,000 millones más que en 2018, un 43% más gracias al aumento de 94 cifras fiscales en siete años, según fuentes de la fiesta popular. Un crecimiento de la colección que no va en línea con el del PIB, que lo ha hecho 22%, o con los afiliados del Seguro Social, 9.2% más, «lo que demuestra que el aumento en la recolección se debe en gran parte a un aumento en parámetros como la afiliación, pero se ha producido otra parte muy importante debido al aumento de los impuestos», afectan la PP. Una realidad que es más clara si la comparación se hace entre la recaudación del impuesto sobre la renta personal contra un aumento en el empleo. Mientras que lo primero ha disparado 45%, el segundo ha hecho poco más del 9%.

Solo en las contribuciones sociales, la diferencia entre 2018 (115,000 millones) y 2024 (165,000 millones) es de 50,000 millones, un aumento de 43% y 11,000 millones por encima del año 2023. Por lo tanto, si los 140,000 millones de extras recaudados por el Tesoro más el costo regulatorio de 90 millones se agregan, independientemente del aumento de las cuotas sociales, los bolsillos de las empresas y los hogares han sufrido 230,000 millones de millones de millones de millones de millones de libres. Gobierno.

La incidencia especial ha tenido la carga excesiva en regulación en el comercio español, que solo sufrió en 2024 la aprobación y publicación de 3.4 nuevos estándares por día, de modo que actualmente abre un negocio comercial, obliga a cumplir con 3.000 comunidades, estándares autónomos y locales con impacto directo en su actividad, además de tener que asistir a 1,253 nuevas textos y modificaciones de los estándares existentes. En 2019, se aprobaron 1.3 estándares por día, por lo que el volumen regulatorio se ha triplicado prácticamente. Una situación que de CEOE y de los empleadores sectoriales de comercio llaman «insostenible», al encriptar esta sobrecarga regulatoria en el 13% del PIB y el 17% del empleo nacional, y advirtiendo que todo sugiere que continuará aumentando al mismo registro de registro que hasta ahora «para la creciente intervención del gobierno».

El presidente de CEO, Antonio Garamendi, tiene varias veces que esta situación impacta de una manera especialmente negativa en las pequeñas empresas, porque «está claro que se necesitan menos leyes y que estas leyes son de más calidad y no se improvisan». En el caso de Cepyme, requiere que los partidos políticos sean «urgentemente» medidas de enfoque para poner fin a esto sobre la regulación de los «efectos adversos sobre la competitividad».

El gobierno parece hacer oídos sordos y ha prometido que mantendrá su hoja de ruta regulatoria y que hay espacio para elevar la presión fiscal a cuatro puntos más, lo que daría lugar a 60,000 millones de euros de recolección adicional.