El jefe del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA el 29 de octubre, ha negado la personalidad del generalitat valenciana en el caso como una persona civil subsidiaria en el entendimiento de que «no es apropiado» en este momento de procedimiento.

En un automóvil dictado y notificado el miércoles a las partes, la jurisprudencia del nombramiento de magistrados de la corte provincial de Valencia, según la cual el civil subsidiario «se incorpora el proceso desde el El reclamo civil está dirigido contra élDarle la transferencia del resumen de calificación o acusación, o antes de dicho procedimiento, cuando se emite una resolución judicial para garantizar sus responsabilidades. Es decir, el juez valora que el generalitat solo podría incorporarse cuando las acciones civiles se dirigen directamente contra la generalitat valenciana.

El generalitat había pedido aparecer en el caso «porque quiere participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos y porque hay Dos antiguos posiciones altas investigadas Y podrían derivarse, el caso, las responsabilidades civiles «, dijeron el martes de la presidencia.

Esas dos antiguas posiciones altas del gobierno valenciano, Pradas Salomé (entonces ministro de justicia e interior) y Emilio Argüeso (Su número dos en emergencias) se convocan este viernes para declarar según lo investigado en este caso.

Hasta ahora, han aparecido en este caso como acusaciones populares, pago previo de un bono de 6,000 euros, varios partidos políticos (Podemos, Vox, el PSPV-Psoe y los ciudadanos), las asociaciones (Liberum, Acción Cultural del país Valencià, se escuchan y Mai Més) y la Unión FTAP-CGT.

Además, varias asociaciones que representan a familiares de las víctimas han aparecido como acusaciones particulares. Al llegar al Palau de la Generalitat para presidir la reunión semanal de la plenario del Consell, el presidente, Carlos Mazón, ha insistido en que muestra el «máximo respeto» y el «nivel máximo de colaboración» hacia la investigación judicial.

La resolución judicial, que responde a la solicitud presentada por la defensa del generalitat con fecha del 7 de abril, no es firme y puede apelarse en una reforma dentro de los tres días o apelar en el Pazo de cinco días.