Amnistía Internacional ha publicado una investigación en la que señalan el «negligente» Gestión de Dana En Valencia el 29 de octubre, que se ha ido 228 muertes.

En el informe realizado por el investigador Daniel Canales, titulado ‘Tengo pesadillas que suena de alarma ‘ Entrevistan a 17 familias víctimas de la tragedia y cientos de vecinos en el área. Un documento que conducirá a la oficina del fiscal con la que llegan a una conclusión clara: el gobierno de Carlos Mazón «Violó los derechos humanos» no informaba a la población de lo que iba a suceder.

Específicamente, señala que, con su «respuesta negligente«Violaron el derecho a la vida y la integridad física de los afectados por no ofrecer tiempo de información accesible.

Además, enfatiza que la falta de coordinación entre los diferentes niveles de administración los primeros días después del desastre «y la falta de un enfoque basado en los derechos humanos, contribuyó a un sentimiento de abandono «.

«Esta gestión negligente constituye por lo tanto Una violación del derecho a la informaciónSegún la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del estado de salvaguardar las vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal «, agrega el informe.

«Las personas que hemos hablado coinciden en señalar Dispotación e impotencia en el que se encontraron antes, durante y después del Dana. El estado español, en sus diferentes niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, es una responsabilidad necesaria, a través de investigaciones exhaustivas que garantizan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas «, dice Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional.

Responsabilidad compartida

Esta organización coincide con el juez instructor de Catarroja (Valencia) en el que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia «era la responsabilidad directa e inequívoca de la generalitat Valenciana», dejando en claro que era ella a quién «Depende de él adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección. «

Por otro lado, también se observa que el gobierno central «no ejerció el poder reconocido por la ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la gestión de la emergencia».

El Ministerio del Interior, como se indica en el informe, se ha transferido a la organización que solo esta facultad del gobierno autónomo puede ejercer, y que como esta aplicación no tuvo lugar, el Generalitat Valenciana fue en todo momento en todo momento. Responsable de la Dirección de Emergencia.

Por el contrario, Amnistía Internacional considera que la ley «otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por su propia iniciativa cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, una situación que sin duda ocurrió el día de la Dana».

Además, recuerde que el presidente de Generalitat, Carlos Mazón,, no asumió directamente la dirección de emergencia, En la aplicación de la ley de protección civil y manejo de emergencias de la comunidad valenciana, «a pesar de la magnitud de la crisis, incluso cuando la situación ya se había desbordado».

En opinión de Amnistía Internacional, la responsabilidad internacional del estado con respecto a este tipo de emergencias «es unitaria, es decir, no puede ser eludida reclamando su diseño institucional interno o su distribución de competencia».

Varios de los municipios más afectados han indicado a los autores del informe que no tenían «información suficiente o precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, el envío no solo fue el envío del mensaje de ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistentemente la población, sino prácticamente inexistentemente inexistente inexistente. Enviar información a los municipios por la gestión de la emergencia «.

En los días posteriores a la tragedia, «el falta de coordinación Entre los diferentes niveles de la administración, con una asistencia que se produjo de manera desigual, dependiendo muchas veces de la autoorganización voluntaria o ciudadana, contribuyó a la sensación de abandono. «

Testimonios duros de las víctimas

A lo largo del documento, la organización expone la cronología de la situación el 28 y 29 de octubre, así como Los testimonios de varios afectados. Uno de ellos es el de José Manuel, un vecino de Alfafar que pasó seis horas en un semáforo y perdió a su hermano mientras intentaba ayudar a una mujer. «La alarma me llegó al móvil cuando había estado subiendo un semáforo por un tiempo. Pensé que había llegado».

Marta, que usa un nombre ficticio, de Picanya, cuenta cómo tuvo que organizar la búsqueda de su padre, desaparecido, no recibir ayuda institucional o poder contactar a los teléfonos de emergencia. Finalmente, encontraron el cuerpo gracias a un aviso en las redes sociales. «Para la que no se decide, mi padre está muerto hoy»Él lamenta.

Por su parte, Meri, de Catarroja, también perdió a su padre, Felipe. Ella cuenta cómo algunos vecinos lo vieron, por última vez, aferrándose a una cerca y esperando un rescate que nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado diez días después por voluntarios.

«Es doloroso perder a un padre, pero aún más darse cuenta del sistema en el que vives».Él confiesa. De esta manera, denuncia que «fue al ayuntamiento, hizo llamadas y nadie lo ayudó a encontrar a su padre». Hable sobre una «desorganización total».

Impacto de los bulos

El Informe Internacional de Amnistía también analiza el consecuencias desestabilizantes que los falsos bulos o noticias tenían sobre los derechos humanos de las personas afectadas.

Como concluyó, la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la información errónea, difundida con la intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen Un sistema confiable y rápido de información precisa.

Por lo tanto, se indican 14 recomendaciones para las autoridades de la comunidad valenciana, el gobierno central, el fiscal general del estado y los municipios, lo que garantiza que nunca una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y la integridad física.

Entre ellos, además de promover investigaciones criminales, la revisión de la comunicación y los sistemas de avisos, la adopción de un «enfoque participativo en los procesos de recuperación» y el desarrollo de «Planes de capacitación de emergencia».