La Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios presuntos miembros de pandillas venezolanas de Texas, acusados ​​de ser miembros del tren Aragua, a una prisión salvadora decretada en virtud de una ley del siglo XVIII. «Se le ordena al gobierno que no expulse a ningún miembro de los Estados Unidos. Desde el supuesto tipo de detenidos hasta la nueva orden de este tribunal «, dijeron los jueces en una decisión breve y no firmada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invocó el mes pasado la ley de enemigos extranjeros de 1798 para detener a los presuntos miembros del tren Aragua y deportarlos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Los abogados de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU) presentaron solicitudes urgentes el viernes en varios tribunales, incluida la Corte Suprema, instando a una acción inmediata después de informar que algunos de los hombres ya habían sido subidos a los autobuses y se les dijo que iban a ser deportados.

ACLU dijo el eventos rápidos Significaban que la administración estaba a punto de deportar a los hombres que usaban una ley de 1798 que históricamente se ha utilizado solo en tiempos de guerra sin brindarles una oportunidad realista para impugnar su deportación, como lo había requerido la Corte Suprema.

Su deportación sería la primera de la decisión de 5 a 4 de la Corte Suprema que permitió expulsiones bajo la ley de 1798, al tiempo que especificó eso «La notificación debe hacerse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que realmente les permita buscar el recurso de hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha expulsión. «

La Corte Suprema no indicó cuánto por adelantado se debe dar el aviso. Los abogados de todo el país han solicitado que los migrantes reciban 30 días de advertencia para que puedan desafiar sus deportaciones.

El caso plantea preguntas sobre el apego de la administración Trump a los límites establecidos por la Corte Suprema. Implica el riesgo de un shock significativo entre los dos poderes del gobierno y una posible crisis constitucional en su totalidad.