Las conclusiones de un informe SOS desaparecido determinan que las administraciones de la gestión incorrecta o incluso de la gestión antes y durante la catástrofe de la Dana de Valencia. Los expertos sentencian que el presidente del generalitat, Carlos Mazón tuvo que declarar el nivel 3 de emergencia catastrófica; y después de las primeras 24 horas, y antes de lo cual califican como un «incompetencia municipal y regional manifiesta y vergonzosa», el nivel superior debería haberse activado. Además, el informe incluye que Mazón debería haber emitido alertas a través de 112 y liderar el desempeño de los municipios.

Sin embargo, este no fue mucho menos el único fracaso de la Generalitat. Y es que el gobierno valenciano no sabía cómo liderar, alertar o coordinar, dicen, causando pérdidas humanas evitables Eso se multiplicó porque los municipios traicionaron su deber, ya que «no tenían planes, estrategias de evacuación o refugios».

En este sentido, enfatizan que la sentencia de muerte fue la llegada tardía de la alarma: «El silencio de las alertas fue la condena por la población y evitó las evacuaciones y la movilización de los recursos». «La falta de alertas era la sentencia de muerte.; Una advertencia habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia «, concluyen.

En cuanto a los municipios, se reproche que «deberían tener planes operativos y coordinar con el Generalitat», que «no había estrategias o refugios de evacuación», ni «alineación» con la administración autónoma. «La ausencia de planes convirtió a los vecindarios en trampas mortales. La inacción local fue el golpe final. La generalitat no pudo liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables, y los municipios traicionaron su deber, multiplicando a las víctimas».

De esta manera, los especialistas afirman que «una praxis incorrecta o una inacción ex -suede pura y simple y durante la gestión de emergencias por las diferentes administraciones públicas con competencia, funciones y responsabilidades en el campo, en la comunidad valenciana fue el nexo general de causalidad entre el riesgo natural y las consecuencias muy graves para las personas».

El nivel de emergencia 3 nunca se ha activado en España

Han sido dos emergencias y expertos en protección civil, como expertos de la Asociación SOS desaparecieron, que han emitido un informe que concluye que el hecho de que el nivel de emergencia 3 nunca se haya activado en España es indicativo de «Una falla en la estructura de respuesta».

Este informe, incorporado en el caso penal dirigido por el Tribunal de Instrucción 3 de Catarroja sobre la gestión de la DANA, detalla que la emergencia de interés o el nivel 3 ‘que se calcula así no se activó ni en el terremoto de Lorcani en el Erupción volcánica de La Palma, no en el Badajoz inunday concluye que, el 29 de octubre, la falta de alertas era una «sentencia de muerte».

Los expertos y expertos en este asunto José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco, autores del informe mencionado anteriormente, han sido convocados como testigos ante el tribunal antes mencionado el 9 de mayo. En su estudio, ambos expertos detallan cuáles fueron las principales omisiones de cada administración y exponen el marco legal que debería haber gobernado la acción de las autoridades en diferentes niveles.

«En particular, las decisiones o la ausencia de las mismas por las administraciones, la existencia o ausencia de los recursos de planificación obligatorios por parte de las administraciones locales, provinciales, regionales o estatales preocupadas por lo que sucedió y la posible relación causal de todo esto con las consecuencias fatales para las personas afectadas y sus familias», señalan.

Al comienzo de la misma, ambos expertos lamentan las «actitudes reacios, esquivas o directas» al solicitar «el itinerario de las decisiones seguidas por las diferentes administraciones y servicios públicos, con la excepción de la agencia española de meteorología» (AEMET). «Un silencio institucional similar a una especie de ‘Omertá’, sin proporcionar información que debería ser pública, a partir de planes de emergencia o planes especiales, y no digamos, aplicamos, ningún conocimiento de la identidad de las personas naturales que adoptaron o dejaron de adoptar decisiones, especialmente el fatídico día del 29 de octubre de 2024».