Sareb da marcha atrás y excluirá del traspaso a Sepes los suelos cuya venta estuviese previamente firmada con promotores o fondos
Sareb ha dado marcha atrás en su decisión de paralizar todos los acuerdos de venta de suelos con posibilidad de alojar viviendas, fruto del impasse anunciado para analizar el traspaso de todos sus activos residenciales a la nueva empresa pública de vivienda del Gobierno, la actual entidad estatal de suelo Sepes. El ‘banco malo’ evitará con esta decisión la guerra judicial con la que amenazaban promotores y fondos si sus compraventas no se cerraban de la forma acordada.
Tal y como informó El Confidencial la pasada semana, Sareb envió burofaxes a varios promotores en las que se les comunicaba la paralización de todas operaciones de compraventas de suelo residencial, incluso aquellas ya firmadas y pendientes de su inscripción. Esta medida deriva de la decisión tomada en la última junta de accionistas de la empresa pública a instancias del Ejecutivo, que acordó frenar hasta el 30 de junio la venta de viviendas y suelos residenciales para delimitar cuáles serán traspasadas a Sepes.
Aunque a priori esto solo iba a involucrar a las viviendas a la venta para particulares en los diferentes portales y a los suelos en comercialización por parte de Aliseda/Anticipa e Hipoges, principales contratistas de Sareb para la gestión y enajenación de sus inmuebles, la empresa participada por el Frob intentó en las últimas semanas retrasar acuerdos en firme, es decir, que ya contaban con un contrato de arras penitenciales firmado, cuya compraventa había sido señalizada o aceptada a través de una carta. De realizarse esto de forma unilateral, según las fuentes consultadas, se abriría una guerra judicial entre los potenciales compradores, principalmente promotores y fondos de inversión, y el ‘banco malo’.
Sin embargo, finalmente, según confirman a ‘activos’, diario de economía de Prensa Ibérica, fuentes próximas a Sareb, la intención es no llegar hasta este extremo y se va a revisar «caso a caso» qué ha ocurrido y en qué fase de la operación se encuentra, además de matizar que se trata de una paralización temporal de la actividad comercial de la entidad. Esto supondría mantener las ventas ya acordadas, algo que evitaría que los compradores inicien una cascada de reclamaciones y acciones judiciales, en la que la empresa pública presidida por Javier Torres tendría poco margen de defensa.
Pendientes de decidir qué activos se transferirán a Sepes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero su intención de que todas las viviendas y suelos donde se puedan construir en mano de Sareb sean integradas en el patrimonio de Sepes, la empresa pública llamada a ser la nueva empresa pública estatal de vivienda, una sociedad capaz de cubrir todo el ciclo inmobiliario, desde el desarrollo urbanístico de suelo hasta la edificación y posterior alquiler de los inmuebles. Esta empresa, aún en una fase embrionaria, aspira a convertirse en el estandarte de la política de vivienda del Ejecutivo y un gran casero público con precios asequibles que hoy no existe en el país.
Por el momento, la actividad de la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la socialista Isabel Rodríguez se ha centrado en desarrollar urbanísticamente los suelos propiedad del Ministerio de Defensa. Sepes está desarrollando hasta 10.700 viviendas en Campamento, un nuevo barrio que se ubicará sobre los suelos de un antiguo cuartel militar, más de un millar en el Cuartel de Ingenieros y Parque de Artillería de Valencia u 830 pisos en Palma de Mallorca. En paralelo y de forma más inmediata, la empresa pública se convertirá en la propietaria o asumirá la gestión de las viviendas en manos de varios organismos públicos, como el INVIED, Adif, SIEPSE, Muface y Patrimonio Nacional.
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