La jueza de la DANA rechaza imputar a la delegada del Gobierno y señala que el Cecopi era como una «burbuja aislada del exterior»

El jefe del tribunal de primera instancia e instrucción número 3 de catarroja que investiga el Gestión de Dana del 29 de octubre, ha rechazado nuevamente para declarar como investigado el Delegado del gobierno En la comunidad valenciana, Pilar Bernabé.
El magistrado responde en un automóvil, que ha tenido acceso, a la solicitud presentada por una acusación popular. Específicamente, basa su decisión sobre las regulaciones que considera aplicables en este caso, según lo cual, el Consell es «el organismo de gestión de mayor gestión y la coordinación de la protección civil en la comunidad valenciana dentro del alcance de sus competencias«
«Está destinado a ignorar completamente la distribución de competencia expuesta, dejando la competencia regional en protección civil al estado, como la base de la responsabilidad del gobierno central», agrega el instructor, entre otras consideraciones.
Bernabé declaró como testigo el 14 de abril en el caso, en una aparición que Se extendió durante casi siete horas.
El juez también ha emitido otros dos autos. En uno de ellos, rechaza la solicitud de otra acusación popular destinada a obtener las grabaciones de los vehículos y sus registros que ingresaron al Centro de Coordinación de Emergencia entre las 4:30 p.m. y las 23:59 el 29 de octubre.
En el segundo, ordena la acumulación de quejas y procedimientos de otros tribunales que Han sido inhibidos a favor de Catarroja en una pieza separada.
El organismo judicial también ha notificado a una providencia en la que se da cuenta de la remisión de una guardia civil atestigua por la muerte de dos de sus agentes en el cuartel de poiporta el día de la Dana y la renuncia de una representación de abogados para ejercer la acusación privada. en nombre de parientes de 64 del fallecido.
Esta providencia también proporciona la cita como experto de un profesor de geografía física de la Universidad de Valencia, la incorporación a la causa de los videos proporcionados por los afectados y la preparación de informes del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.
El Tribunal de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde la investigación para la gestión de la DANA, alrededor de 250 testimonios, principalmente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registrada en la catástrofe.
En el caso hay personas de CACargas de aproximadamente 40 acusaciones, de los cuales ocho ejercicio de acción popular y el resto de la acusación particular.
El juez señala que el Ceccopi era «una burbuja aislada del exterior»
Por otro lado, el juez también señala que en la reunión de Cecopi parecía que los presentes «Permanecieron en una burbuja, aislados del mundo exterior» en el que la toma de decisiones se retrasó mientras los ríos se desbordaban.
«Parece un lugar donde ninguno La información llegó a ellosNo se proporcionaron consejos exitosos, y en el que, que entró, perdió su conciencia o memoria. «No cruzaron el umbral de la habitación».
En cualquier caso, enfatiza que el desplazamiento de la responsabilidad ante el gobierno central para la no Declaración de Emergencia Nacional «no es más que un reconocimiento explícito de la pasividad manifiesta de la administración autónoma». Una administración que agrega que «fue absolutamente incapaz de notificar a la población en el tiempo y adecuadamente».
Insiste en la «pasividad obvia» del gobierno de Mazón «
«La voluntad de extender la responsabilidad de todas y cada una de las administraciones, a cualquier persona que funciones ejercidas en relación con el dana, Con una mayor o menor decisión o relevancia técnica, converge con los argumentos de las representaciones de la investigación de Salomé Pradas y Emilio Argüeso y produce el efecto de degradar, de hecho, la inactividad muy grave de la administración autónoma valenciana con el resultado fatal, partiendo del vínculo causal y la posición de los garantías atribuibles a los investigados, lo más destacado en el breve.
El juez deja en claro que es evidente, después de ver la lista de llamadas y comunicaciones proporcionadas por el investigado, en el que la administración una «pasividad obvia» atendió una situación «muy seria».
«En el momento en que se lanzó la alerta, a las 8:11 pm, casi todas las muertes ya habían ocurrido. Cruzos de llamadasEn los momentos a los que fueron atendidos, desafortunadamente no condujeron a ninguna decisión en el campo regional de salvar a la población «, concluye.
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