Parece que la Comisión Europea ha reaccionado. Ya sea por la ira de los agricultores, el resultado de las elecciones europeas pasadas o la urgencia de ser más competitivo en el medio de la guerra comercial, Bruselas ha modificado sus políticas ambientales y ha propuesto relajar las demandas ecológicas que los profesionales de campo deben cumplir para acceder a los subsidios de la política agrícola común (Pac).

Mientras que gobiernos como Pedro Sánchez hacen la bandera del Agenda 2030 A expensas de una productividad, la Comisión Europea ha presentado un paquete bautizado como ‘omnibus’ con el que desea Simplificar la burocracia y reducir las duplicidades con los estándares nacionales actuales. El objetivo final, dice, es «impulsar la competitividad de los agricultores».

El ejecutivo de la comunidad estima que estas modificaciones, que aún deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, podrían salvar a los agricultores hasta 1,580 millones de euros por año y 210 millones para administraciones nacionales.

Pagos a pequeños agricultores

Bruselas propone que el límite anual de pago único para los pequeños agricultores pase 1.250 a 2.500 euros.

Además, estarán exentos de ciertas normas ambientales (condicionalidad), aunque pueden continuar beneficiándose de los pagos que recompensan esas prácticas consideradas ecológicas en la agricultura (ecoescolar o ecoregimmers).

Requisitos y controles simplificados

Bruselas quiere eliminar los obstáculos burocráticos y reducir la superposición con los estándares nacionales. Por ejemplo, el Granjas agrícolas con certificación ecológica Se considerarán automáticamente que cumple con algunos de los requisitos ambientales de la UE a los efectos de su financiamiento.

La revisión también propone que se les otorgue Incentivos Para los agricultores que cumplen con algunos de los requisitos que el ejecutivo de la comunidad considera «más exigente», como la protección de humedales y bases, de «garantizar una compensación justa por sus esfuerzos».

No todo es positivo. La Comisión defiende que «la propuesta no modifica la arquitectura ecológica» y que «simplificar no significa reducir automáticamente las ambiciones o abolir los objetivos ambientales» a pesar del hecho de que plantea una reducción sustancial en los informes y controles.

Por ejemplo, los controles se reducirán in situ: solo uno al año por explotación. Pero por otro lado, la UE quiere acelerar Inspecciones mediante el uso de satélites y tecnología.

Refuerzo de medidas de gestión de crisis

El plan también establece que los agricultores de la UE afectados por catástrofes naturales o enfermedades animales pueden recibir más dinero público a través de Nuevos pagos de crisis Disponible en el marco de los planes estratégicos de PAC y herramientas de gestión de riesgos «más flexibles y accesibles».

La reforma también ofrece un Nueva línea de subsidios de hasta 50,000 euros en un solo pago por mejoras en «competitividad y digitalización».

También se plantea más flexibilidad para que los países puedan adaptar sus planes PAC estratégicos, ya que solo la aprobación previa de Bruselas será necesaria para «modificaciones estratégicas». Este punto preocupa algunas asociaciones agrícolas porque deja un amplio margen de gestión a los gobiernos nacionales, lo que puede no estar alineado con la propuesta de la Comisión.