Por primera vez, un juez acusó a dos antiguos puestos gubernamentales del presidente de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las más de 7,000 muertes en residencias de personas mayores durante la pandemia. Específicamente, es el Director de Coordinación Socio -HEALTA y firmantes de los ‘Protocolos de la vergüenza’, Carlos Mur, y el Coordinador del ‘Protocolo Técnico’ llamado, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego reemplazó a Mur.

De esta manera, el juez los convocó el lunes 26 de mayo, cuando se consideran los autores de los protocolos que bloquearon la transferencia del hospital de miles de ancianos de residencias al comienzo de la pandemia. Específicamente, Mur fue el firmante de un protocolo que bloqueó el desplazamiento al hospital de miles de residentes enfermos para el simple hecho de la silla de ruedas o de tener deterioro cognitivo, mientras que Martínez Peromingo fue el coordinador del «protocolo técnico», que complementó el primero cuando se especifica cómo debería ser ejecutado.

La cita se produce después de que el tribunal decidió reabrir una causa el 1 de abril que había sido presentada provisionalmente hace casi tres años. Reabsurarse a solicitud de la oficina del fiscal provincial después de una queja colectiva de 109 familiares de víctimas de residencias, coordinadas por las entidades ‘Marea of ​​Residences’ y ‘7291: Verdad y Justicia’, presentada en octubre del año pasado y dirigido contra altas posiciones del gobierno de Ayuso por la Comisión de la Comisión de Decnisión de Discriminatoria de la Atención de la Salud, castigado en el Artículo 511 del Código Criminal del Criminal.