Petro se topó con políticos corruptos que no acogieron la paz, pero hicieron negocio con ella
Gloria Cuartas Montoya (Sabaneta, Antioquia, 1960) lleva décadas trabajando por la paz en Colombia. Exalcaldesa de un pequeño pueblo cerca de donde nació, dio el salto a la política nacional como senadora y hoy dirige la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, por encargo del presidente Gustavo Petro, donde tiene el mandato de centrar sus esfuerzos en reparar a las víctimas del conflicto armado, dignificarlas e integrarlas plenamente en la vida del país. Su carrera ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres, los niños y las poblaciones más vulnerables, en un entorno donde hacerlo ha supuesto, muchas veces, desafiar estructuras de poder profundamente arraigadas. Cuartas analiza en esta entrevista con EL PERIÓDICO los retos a los que se enfrenta el largo proceso de paz colombiano, durante su visita al Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
Usted tiene el encargo de implementar el acuerdo de paz en Colombia, ¿cómo va ese gran reto?
Estamos en un momento de crisis en la implementación de lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado la «paz total». La educación, la cultura o la sanidad son grandes componentes para aterrizar el acuerdo, pero se ha encontrado con una barrera en el Congreso, controlado por la oposición, que mantiene un bloqueo político. Colombia sigue siendo un país muy polarizado.
¿Fue un error el referéndum por la paz de 2016?
Sí, no tenía por qué hacerse. Ya se había acordado cómo crear puentes para la reforma agraria, para la participación política, para la integración social de los firmantes de paz y no ser asesinados, la sustitución de cultivos de coca que diera una autonomía política a Colombia frente al histórico sometimiento económico de América Latina ante EEUU. La paz no era para las FARC, era para todos. Porque la paz de Colombia era una paz para toda la región: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Después de haber llegado a un acuerdo, ¿cómo se le consulta a la gente si sí o si no? Fue muy triste. Fue terrible, un presagio político.
¿Qué salió mal?
En Colombia se guardó silencio político mientras las negociaciones se hacían en Cuba. La consigna fue ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’ y, lo que podía ser una visión estratégica, resultó contraproducente. El presidente Juan Manuel Santos organizó toda la arquitectura institucional y normativa para la paz. Pero los esfuerzos se centraron en buscar acuerdos políticos y nos faltó preparar a los servidores públicos para gestionar el país tras el acuerdo de paz y nos faltó hacer pedagogía para la paz en las escuelas, en los medios de comunicación. Nos enfrentamos a una batalla cultural y la perdimos.
¿Y quién salió ganando?
Hubo apenas 50.000 votos de diferencia, pero quienes votaron en contra fueron el poder económico y político de Colombia que querían perpetuar una sociedad controlada por las fuerzas militares.
“Las estructuras paramilitares, desde dentro de la fuerza pública, siguen operando en contra de la paz”
¿Qué situación heredó el Gobierno de Petro?
A nuestro predecesor, Iván Duque, no le importaba el acuerdo de paz pero sí le interesaban los recursos públicos dirigidos a las regiones más golpeadas por el conflicto. En vez de impulsar una reforma agraria, impulsó obras de grandes infraestructuras como carreteras. Hace dos años, el presidente Petro se topó con una alta corrupción entre las estructuras políticas que no acogieron el acuerdo de paz, pero sí que hicieron negocio con ella. También se minó la confianza en el proceso de paz con el intento de extraditar a figuras políticas y militares firmantes del acuerdo. La situación se agravó tras el asesinato de Jesús Santrich [de las FARC]. De los 13,000 firmantes de paz, 458 han sido asesinados. Cada muerte representa una derrota por la paz, porque alimenta el miedo, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones.
¿Fuerzas paramilitares?
Las estructuras paramilitares, desde dentro de la fuerza pública, siguen operando en contra de la paz. Asumo la responsabilidad de lo que digo, porque no se trata solo de estructuras heredadas, algunas son de nueva creación. Buscan concentrar la tierra, asegurar territorios para proyectos económicos y ejecutar acciones militares sin comprometer directamente a la fuerza pública. Esta realidad aún no ha sido superada. Algunos sostienen que ya no hay ideología guerrillera, sino una acumulación de intereses mafiosos. Yo creo que sigue habiendo una insurgencia que busca, por la vía militar, acabar con la inequidad del país. La transformación profunda y efectiva de la fuerza pública, tal como lo recomendó la Comisión de la Verdad, sigue siendo una tarea pendiente.
Y ahora, ¿está el Gobierno actual actuando como si el acuerdo de paz hubiera prosperado?
La paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, como recoge nuestra Constitución, más allá de la firma del acuerdo. Lo que Petro hace es situar la concentración de la tierra como eje del conflicto colombiano. Para ello, la reforma rural es esencial para la paz, para redistribuir la tierra históricamente acumulada en manos de unos pocos a través del despojo a comunidades indígenas, mientras se les niega el derecho político. Por eso la paz total hay que buscarla a nivel nacional y local simultáneamente.
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