El FMI insta a España a un mayor ajuste presupuestario y en el sistema de pensiones
Un ajuste presupuestario más decidido y rápido que lo previsto por el Gobierno. Subidas del IVA y de impuestos medioambientales. Nuevas reformas en el sistema de pensiones y en el mercado laboral. Una advertencia contra un posible encarecimiento del despido. Y una vigilancia más estricta sobre la evolución del gasto de la Seguridad Social. Estas son algunas de las ‘nuevas viejas’ recetas para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que han sido actualizadas este viernes con ocasión de la publicación de su informe anual sobre la economía española, al amparo del llamado ‘Artículo IV’ del organismo internacional. El documento también cuestiona la reducción de la jornada laboral que plantea el Gobierno e insta al Ejecutivo a impulsar una mayor construcción de vivienda a través, sobre todo, de una nueva ley del suelo.
En su informe, el organismo empieza elogiando el «sólido desempeño» de la economía española, impulsado por las exportaciones de servicios y la inmigración. El FMI mantiene su previsión -avanzada en abril– de un crecimiento del 2,5% del PIB español para este año, a pesar de la guerra comercial emprendida por Donald Trump, y apunta un impacto limitado sobre la economía española de una posible subida de aranceles. Calcula que por cada subida arancelaria de 10 puntos porcentuales, el PIB español puede perder una décima de crecimiento.
«Si bien, las autoridades españolas comparten la evaluación de que es probable que el impacto del aumento de los aranceles sea relativamente contenido en España, el Gobierno está preocupado por el impacto que la incertidumbre de la política comercial y las medidas comerciales restrictivas puedan tener en sectores específicos (por ejemplo, productos químicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo y agroalimentario)», certifica el FMI, después de las reuniones mantenidas con representantes políticos, empresariales, sindicales y sociales españoles durante los 10 primeros días de abril.
Los mayores riesgos para la economía española, desde el punto de vista del FMI, tienen que ver con la sostenibilidad de su deuda y de sus finanzas. El FMI ve debilidades y falta de concreción en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo en el que España ha plasmado sus compromisos de ajuste presupuestario para el periodo 2025-2031 (vía subidas de impuestos o recorte de gastos). En este plan, el Gobierno se comprometió a encajar un ajuste promedio del 0,4% del PIB (el equivalente a unos 6.500 millones actuales) en cada uno de los siete años del plan. Ahora, el FMI le dice que acelere: que eleve el ajuste a 0,6 puntos de PIB cada año (unos 9.600 millones) y que lo remate antes, en 2029, en lugar de alargarlo hasta 2031.
El Gobierno espera que su plan inicial sirva para situar el déficit público en el 1,2% del PIB en 2030 y en el 0,8% en 2031. Sin embargo, el FMI sostiene que, en ausencia de nuevas medidas, eso no será posible y el déficit se estabilizará por encima del 2% en 2030 y la deuda se mantendrá por encima del 90% del PIB.
En definitiva, el FMI insta a «reconstruir con mayor rapidez el margen fiscal y reducir los riesgos de la deuda soberana, en el contexto de un plan fiscal a medio plazo mejorado«, donde se establezcan «prioridades bien definidas de aumento de impuestos y de reducción del gasto». En este sentido, el organismo apunta que la «armonización del IVA» (por la vía de reducir el alcance de sus exenciones y tipos reducidos), y la tributación medioambiental pueden proporcionar recursos adicionales a las arcas públicas.
La «fragmentación política» es observada por el FMI como un acelerador de los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues el organismo que dirige Kristalina Georgieva interpreta que resta capacidad de acción al Gobierno para responder con subidas de impuestos o recortes de gastos ante posibles desviaciones en las cuentas.
El informe señala los futuros compromisos del Gobierno de un mayor gasto en defensa como una fuente de posibles desviaciones presupuestarias que pueden poner en aprietos las cuentas públicas. De momento, se supone que el propósito del Ejecutivo de elevar el gasto en defensa al 2% de PIB este año agregará dos décimas al déficit inicialmente previsto (2,5% del PIB) para 2025. De cara a los próximos años, «el supuesto de base» de personal del FMI que ha elaborado el informe «es coherente con un aumento sostenido del gasto de defensa financiado con recortes en otros gastos públicos».
El alcance de la reforma de las pensiones impulsada en los últimos años por el entonces ministro de Seguridad Social -y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá- es cuestionado por el FMI. El organismo llama a dar otra vuelta de tuerca en las reformas con nuevas medidas, entre las que sugiere alargar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que actualmente es de 25 años.
«Se debe considerar un conjunto equilibrado de opciones de reforma, incluyendo una mayor prolongación del período de cotización utilizado para el cálculo de las pensiones, para alinearlo mejor con los ingresos laborales promedio de los trabajadores, como en la mayoría de las demás economías avanzadas», dice el documento.
El informe del FMI incluye una crítica muy dura al indicador de la ‘regla de gasto de las pensiones’ como medidor de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En línea con los argumentos que vienen exponiendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea, el FMI insta a modificarla para «abordar sus limitaciones» y para que permita garantizar la sostenibilidad, no solo de la Seguridad Social, sino del conjunto de las finanzas públicas.
«Se necesitan reformas para avanzar en reducir el desempleo estructural y la dualidad del mercado laboral», apunta el FMI, antes de advertir de que «no se espera que las iniciativas de política laboral previstas avancen hacia estos objetivos».
En particular, el organismo internacional cuestiona la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas sin pérdida de salario. Además, advierte de que esta medida combinada con el reciente aumento del 4,4% del salario mínimo interprofesional (SMI) «aumentaría efectivamente el salario mínimo en más del 10% en 2025 y situaría su aumento acumulado desde 2018 en más del 70%, lo que genera inquietudes sobre posibles impactos adversos en los grupos desfavorecidos».
Y sobre los planes del Ministerio de Trabajo para encarecer el coste del despido improcedente, el FMI advierte de que ello «podría disuadir a las empresas de contratar a grupos de trabajadores desfavorecidos» y sugiere que «para desincentivar los despidos excesivos, una alternativa preferible al aumento de los costos de despido sería introducir contribuciones más altas al seguro de desempleo para los empleadores con mayor rotación».
Condonación de deuda autonómica, pero con condiciones
El organismo que dirige Kristalina Georgieva defiende que el debate sobre un nuevo sistema de financiación autonómica debería ir acompañado de medidas para garantizar la disciplina fiscal y «contar con un componente correctivo reforzado».
El FMI observa con buenos ojos la iniciativa del Ministerio de Hacienda de condonar parte de la deuda autonómica, pero apunta que ello «debería estar condicionado a que cada región se comprometa a implementar planes de consolidación creíbles e ir acompañada de un fortalecimiento de la regla fiscal nacional que fomente un mayor cumplimiento».
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