Estamos viviendo, una vez más, cómo se usa el poder público para obtener beneficios privados y cómo ocurre la «captura» del estado por las personas Con capacidad de toma de decisiones e intereses privados.

En España, los casos de corrupción salen a la luz cada pocos años y, por lo tanto, Es conveniente comprender las fallas sistémicas en controles institucionales, responsabilidad y la falta de transparencia que nos diferencia de otras democracias como los nórdicos.

Las prácticas corruptas en la contratación pública tienen consecuencias económicas. Primero, genera inestabilidad política, desconfianza e inseguridad legal, afectando todo esto a la reputación de España y, en consecuencia, a la inversión extranjera directa.

La corrupción también empeora la asignación de recursos porque le resta valor a los recursos de educación e inversión en infraestructura, I + D y tecnología, con Efectos perversos sobre la productividad.

Una buena gobernanza es urgente en la gestión pública, lo que elimina por completo cualquier tipo de comportamiento corrupto

Sin embargo, aumenta el gasto público improductivo, dañando la efectividad de la política fiscal, Reducir la recolección y socavar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En resumen, la corrupción daña y mucho a la economía. Se estima que cuando la corrupción no se generaliza, pero es necesaria para lograr ciertos procedimientos, puede reducir medio punto de crecimiento a mediano y largo plazo, es decir, casi 8,000 millones de euros anuales en el PIB español.

Sin mencionar el desencanto que genera en la ciudadanía con la democracia y con un sistema político que no puede erradicar este flagelo. Una buena gobernanza es urgente en la gestión pública, lo que elimina por completo cualquier tipo de comportamiento corrupto.

Esto sucede, en primer lugar, para expandir las demandas de transparencia en las decisiones públicas.

Abra el gobierno a los ciudadanos a través de Internet, un gobierno abierto que proporciona información económica y presupuestaria, de subsidios, contratación pública y Verificación de lo que se gastan los recursos públicos.

Los criterios de adjudicación cualitativa que introducen la subjetividad deben reducirse al máximo para eliminar la discreción

En el campo de la contratación pública, una mayor transparencia de los procedimientos de contratación limitaría la discreción del cargo público. Todos los procedimientos y criterios de desnudos deben normalizarse.

También es crucial que los contratos públicos sean accesibles para los ciudadanos, tanto en el momento de la formalización como posterior; que las actas de las comisiones y las articulaciones de contratación son publicadas por la ley; y que se abordan las áreas grises que Muchas llamadas sufren, dejando la puerta abierta a contratos manipulados.

A veces, las condiciones que solo se encuentran con una empresa se imponen en las hojas de contratación, eliminando la competencia y Si el resto de las empresas no lo desafían, es posible suponer que una posible distribución del mercado es posteriori.

Del mismo modo, los criterios de adjudicación cualitativa que introducen la subjetividad deben reducirse al máximo para eliminar la discreción.

Para garantizar una mayor concurrencia en la adjudicación de los contratos, es urgente reformar los mecanismos de control interno (de la administración misma) y externo (del Tribunal de Cuentas y las cuentas autónomas) de los procedimientos de contratación, asegurando la prohibición de la subdivisión artificial de los contratos, limitando los procedimientos negociados sin anunciar y anunciar y y Eliminando las víctimas imprudentes que luego conducen a contratos y aumentos de precios.

La Comisión Europea insta a España a recuperar todos los fondos europeos vinculados a posibles contratos fraudulentos.

En cualquier caso, es necesario reforzar con material y humano significa las inspecciones y la acción de la justicia, para lograr Acción rápida en la detección y castigo de crímenes de corrupción. Ayudaría a la creación de oficinas independientes antifraudos de poderes políticos, y la generalización y expansión del alcance de los tribunales de contratación.

Derecho administrativo, a través del derecho contractual del sector público, que transpone las directivas del Parlamento Europeo y la corrupción del Consejo -Sanciones, y el derecho penal lo tipifica como un delito, aunque la acción penal en España es escasa y muy largas investigaciones.

Según el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, Personas condenadas por medios y dicha prohibición puede llegar a personas legales que se declaran criminalmente responsables.

Eso es en teoría, porque en la práctica la aplicación de preceptos legales aún falla, no solo contra los políticos corruptos, sino también y especialmente contra los empresarios corrompidos. En esta área, es urgente aplicar las regulaciones relacionadas con las empresas incurridas en infracción.

En ese sentido, La OCDE recomienda España que armonice el régimen de sanciones aplicable a las personas naturales y legal para garantizar que las sanciones impuestas sean efectivas, proporcionadas y disuasivas. Se preocupa que España aún no tenga normas específicas que protejan a los demandantes de las irregularidades.

Con respecto al régimen de penalización, las oraciones deben incorporar, en todos los casos de corrupción, el rendimiento de los condenados por la integralidad de los fondos obtenidos ilícitamente por comportamientos corruptos.

En este momento, la Comisión Europea insta a España a recuperar todos los fondos europeos vinculados a posibles contratos fraudulentos recientemente descubiertos por la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil.

Además de los mayores controles y sanciones, faltan medidas preventivas efectivas. Existe una responsabilidad por las fiestas de Dé poder a las personas corruptas que toman decisiones para su propio beneficio.

Se requiere una aplicación estricta de códigos de conducta éticos y un mejor control de las declaraciones de conflicto del público responsable, con un riguroso sistema de sanciones para las posibles violaciones de tales normas.

Todas estas reformas de la contratación pública son factibles, además de ser respaldadas por las mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción. Es necesario generar el consenso político para implementarlos.

Porque como la democracia no logra doblar la corrupción, será la corrupción lo que finalice la democracia.