El Gobierno da un plazo máximo de 80 días a las eléctricas para conectar nuevos puntos de recarga
En el primer trimestre de 2025 había en España alrededor de 46.358 puntos de recarga para coches eléctricos de acceso público en funcionamiento y 13.172 fuera de servicio, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o porque aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica, según los últimos datos publicados por la patronal automovilística Anfac. Es decir, un 22% de la infraestructura de recarga de acceso público instalada en España no funciona.
Con el objetivo de eliminar una de esas tres barreras, la relativa a agilizar la conexión a la red por parte de las compañías eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico da un plazo máximo de 80 días a las empresas para conectar el punto de recarga a la red, según el real decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
El cambio es brutal si se tiene en cuenta que a día de hoy instalar un punto de recarga tarda apenas unos meses, pero los permisos para poder ponerlo en marcha requieren de entre uno y tres años, en función de si se trata de baja tensión (recarga lenta de hasta 100 kilovatios) o media tensión (recarga rápida de más de 100 kilovatios) o si afecta a una carretera. En este último caso, el propio Gobierno reconoce que no están desarrollándose al ritmo previsto por los objetivos europeos.
Por ello, el real decreto ley de medidas urgentes publicado este miércoles establece que las distribuidoras tendrán tan solo 5 días para conectar el ‘enchufe’ a la red de distribución si no tienen que realizar ninguna ampliación de los cables eléctricos, 30 días si tienen que ampliar esa red, 60 días si necesitan construir un centro de transformación y los citados 80 días en caso de que se necesiten construir varios centros de transformación.
En el caso de que el suministro tenga que conectarse a la red de alta tensión para un consumidor con un suministro igual o inferior a 66 kilovoltios (kV) el periodo máximo también es de 80 días. Mientras que para otros suministros de alta tensión el plazo entonces sí “se determinará en cada caso en función de la importancia de los trabajos a realizar”.
Ampliación de red
Además, cuando la nueva extensión de red requerida sea ejecutada por una empresa instaladora a cargo del solicitante, y no por la propia compañía distribuidora, la compañía eléctrica deberá revisar el proyecto en un plazo de 10 días hábiles para aceptarlo o para el requerimiento de subsanaciones, en cuyo caso la empresa dispondrá de otros 10 días. En caso de solicitar nuevas subsanaciones, estas «solo podrán ser derivadas de los datos solicitados o porque no se hayan tenido en cuenta las correcciones indicadas».
Y lo mismo ocurre una vez se notifica a la distribuidora el final de las obras de nueva extensión de red. La compañía eléctrica dispone de 10 días para verificar el resultado, tras los cuales debe aceptar el proyecto o establecer requerimientos, en cuyo caso dispone de otros 10 días. Y en caso de que se soliciten nuevas subsanaciones, estas solo podrán estar relacionadas con las notificadas anteriormente. A partir de aquí y una vez se facilite a la distribuidora la documentación para la formalización de la cesión, la empresa distribuidora dispondrá de 15 días hábiles para firmarla.
Menos autorizaciones
Además, se exime del régimen de autorizaciones (autorización administrativa previa, de construcción y de explotación) a las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga ultrarrápidas –para vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kilovatios (kW)–, limitando la necesidad de estas a los casos que sea necesario el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones, y a los que se prevea la necesidad de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
A la cola de Europa
“Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad, aspecto que tiene paralizados muchos proyectos, siendo un punto crítico el acceso a la red de distribución de electricidad”, reconoce Anfac. El problema no es menor si se tiene en cuenta que en comparación con otros países España se encuentra a la cola en despliegue de esta infraestructura con 70 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes, lejos de países como Países Bajos (con una ratio de 951), Bélgica (569) o Dinamarca (539), según un informe publicado en junio por el Banco de España.
De esta forma, el número de puntos de recarga instalados en España se sitúa muy lejos tanto de los entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como objetivo para 2023 como de los 500.000 estimados para poder cumplir, a la vez, con los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.
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