En un giro legal reciente, el gobierno argentino ha impugnado una decisión del tribunal de los Estados Unidos de que las órdenes de entregar el 51% de las acciones de YPF a inversores extranjeros, sosteniendo que el fallo viola las leyes y acuerdos soberanos.

Conflicto legal en estados financieros internacionales

El desacuerdo surge después de un fallo emitido por la jueza Loretta Prezka, que requiere que Argentina renuncie a las compañías petroleras estatales a los fondos de capital de Burford y Eton, como compensación para la nacionalización parcial de la compañía en 2012.

Manuel Ardoni, portavoz del gobierno, argumenta que el fallo «Es legalmente inaplicable»Porque la transferencia de acciones necesitaría una aprobación con la «mayoría agravada» por parte del Congreso Argentino, y enfatiza que las acciones no son libremente transferibles. Además, enfatiza que el gobierno ya está trabajando en la apelación del caso.

Según la opinión judicial, Argentina tendría que depositar estas acciones en una cuenta de custodia del Banco de la Corporación Mellon de Nueva York en 14 días después de la recepción de la orden, lo que complica aún más la situación.

Este litigio es parte de una afirmación más amplia, donde Argentina estaba condenada previamente a pagar una cifra que excede los 16,000 millones de dólares por la forma en que la expropiación se gestionó bajo la administración de Cristina Fernández. El ex presidente actualmente enfrenta una condena por cargos de corrupción.

La controversia subyacente es que, según los demandantes, el estado debe haber propuesto comprar a toda la compañía en el momento de la expropiación y no solo una parte, como mantienen los documentos de la compañía y exigen fondos extranjeros.