Las organizaciones sindicales de UGT, CSIF y CCOO han roto las negociaciones para la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 y han cerrado la tabla sin acuerdo, para que el gobierno apruebe por su cuenta el nuevo OEP en el Consejo de Ministros sin contar con el apoyo sindical. Según lo confirmado por la razón, los representantes ministeriales de ÓScar López han hecho una oferta «soberanamente insuficiente» para CC oo, que «no ha completado una cifra global suficiente o definitiva» en el caso de UGT y eso, en realidad «, reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en la promoción interna y mantiene la tasa de reemplazo» para csiifes.

En principio, la propuesta asciende a 20,000 lugares, 4,500 empleo neto, menos de la mitad que el año pasado y el 10% de los lugares perdidos en los últimos 20 años, pero que el Ministerio quiere agregar otras adiciones para instituciones como el Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional, «pero no han completado esas figuras. Han llegado sin haber hecho su inicio y con una falta de información inadmisible», han explicado los fiscos de la Unión «, explicó los figuras de la Unión. Para CSIF, «se necesitarían 10 ofertas de empleo público similares para recuperar el empleo perdido».

Aunque la función pública había anunciado que el número de lugares sería «similar» al del 2024 OEP, de más de 40,000 lugares. Al final, se ha mantenido en el medio, ya que no ha completado cuáles agregaron el resto de los cuadrados que no han querido enumerar. Por CSIF, critican que se mantiene la tasa de reemplazo, «lo que evitará las áreas de déficit de refuerzo de acuerdo con las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la administración estatal».

Además, recuerdan que el OEP contendrá una tarifa adicional para el país vasco en el campo de la justicia, lo que permitirá a esta comunidad autónoma fortalecer sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto «, lo que significa discriminación para el resto de las administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos».

También se cargan contra la propuesta ministerial porque «no establece los cambios necesarios para garantizar el derecho de promoción de los empleados públicos», a pesar del acuerdo firmado en noviembre de 2022, y porque «en las últimas dos décadas se han perdido 42,000 empleos públicos: 20,640 empleos en los últimos 10 años a los que se han agregado los 21,392 en la década anterior, y» esta oferta se ha perdido esta oferta para solucionar esa enfermedad. «. «Del mismo modo, de la misma manera, ha denunciado la» lentitud «de los procesos selectivos, que tiene 28,400 lugares de personal laboral y oficial de ofertas anteriores de empleo público, junto con muchos otros que se pierden porque» ya han expirado «.

Según los datos del Registro de Personal Central, el 55% de la fuerza laboral se retirará en 10 años, lo que hace que la necesidad de planificar las necesidades de la fuerza laboral evidente. Este tema fue mencionado por un informe de la OCDE en el que el envejecimiento de las plantillas de administración española, en relación con los países que nos rodean.